Los “pozos” y la crisis penitenciaria

5 JUN, 2017 - 12:04 AM

Por Aldo Romero
Periodista y catedrático universitario

Más allá del descontento y las protestas de los privados de libertad, el último caso de amotinamiento en la cárcel de máxima seguridad denominada La Tolva, o “El Pozo II” en la zona oriental del país, pone en evidencia de nueva cuenta, la debilidad de un sistema penitenciario que a pesar de los discursos de cambios y medidas de control, carece de la fortaleza institucional necesaria para convertir estos centros en promotores de rehabilitación y no en escuelas del crimen.

Un país que promueve una millonaria inversión en la construcción de cárceles de máxima seguridad en lugar de invertir en escuelas y programas de desarrollo, debe llamar a reflexión a sus habitantes, porque el mensaje que se envía a lo interno y externo, es que se ha llegado a los más bajos niveles de deterioro social.

Aspecto digno de atención y cuestionamientos, es que quizás por efectos de imagen o con fines electoreros, desde el mismo Estado se promueve esta cultura de deterioro social al darle un fuerte componente mediático, trasmitiendo en vivo por radio y televisión, el traslado de reos de las diferentes penitenciarias hacia los nuevos centros de máxima seguridad, cuando lo correcto, de acuerdo a los estándares internacionales, es hacerlo de manera sorpresiva, en silencio y en horarios de mínima concentración de personas.

Las cárceles en Honduras fueron una bomba de tiempo desde siempre, y nada garantiza que “los pozos” serán diferentes, lo que está haciendo falta es una verdadera política penitenciaria que facilite dos elementos fundamentales, por un lado que sea modelo específico para la reorientación y la reinserción social de los privados de libertad y por otro, que permita al Estado retomar el control y la gobernabilidad en los centros penales.

Con “El Pozo” y La Tolva Honduras debe tener ya la suficiente infraestructura penitenciaria para retomar la gobernabilidad del sistema, construir más cárceles de máxima seguridad, como se anuncia desde el mismo gobierno, es presumir al mundo de ser un país en donde la cultura del delito sigue en crecimiento a vista y paciencia de las mismas autoridades encargadas de la prevención, la investigación y la sanción.

Lo que corresponde ahora es la concertación de una verdadera política penitenciaria con el objeto de dar soluciones inmediatas a los deficientes procesos de comunicación entre instituciones, al abandono de los centros penales, todos ellos con sobrepoblación y hacinamiento puesto que carecen de los requerimientos de infraestructura básica y necesaria para la sana convivencia.

Una política orientada a formar personal especializado en la carrera penitenciaria para facilitar el tratamiento personalizado con los privados de libertad y de promover una reinserción social exitosa para aquellos que recobran su libertad.

Históricamente las cárceles en Honduras han sido manejadas con total negligencia, y aunque desde los diversos sectores sociales y de derechos humanos, se viene planteando la urgente necesidad de un sistema penitenciario no discriminatorio y orientado a transformar los entornos de los privados de libertad mediante programas de acción social progresivos, esto parece no ser una prioridad para los gobernantes.