Fortalecimiento institucional

19 JUN, 2017 - 12:10 AM

Por Edmundo Orellana
Catedrático universitario

Vino el de la CICIG y relató el proceso de su formación. No ha sido fácil el camino, pero los frutos están allí. Visibles y satisfactorios.

La CICIG y la MACCIH llegan porque las instituciones competentes para combatir la impunidad no funcionan. Pero llegan porque el pueblo las acepta. Es más, en el caso de Honduras fue un reclamo del pueblo, harto de ser víctima del sistema de justicia. Un sistema que, en lugar de garantizar seguridad jurídica, es la piedra angular de la impunidad.

Ambas tienen un enemigo común, los políticos y empresarios corruptos. Que son los más, porque si fuesen los menos, hubiera ocurrido lo que en El Salvador y en Costa Rica. En El Salvador, tres expresidentes acusados, de los cuales uno murió en prisión, otro está preso y el tercero en el exilio; solo uno de estos delincuentes de cuello blanco, según la Fiscalía salvadoreña, acumuló doscientos cincuenta millones de dólares. En Costa Rica, la Fiscalía, al mando del jurista Dall’Anese, que también fungió como jefe de la CICIG, acusó a los expresidentes Rafael Ángel Calderón Fournier y Miguel Ángel Rodríguez.

En estos países no hubo necesidad de CICIG ni de MACCIH, porque sus instituciones funcionan. Para acreditarlo, no se necesitan más ejemplos. En otras palabras, existe y funciona el estado de derecho.

En Guatemala, la CICIG, luego de un inicio vegetativo, logró, después de insistir con energía, en cumplimiento de su mandato constitutivo, colaborar directa y activamente con la Fiscalía guatemalteca y con el Poder Judicial. He ahí el secreto de su éxito. Encontró, después de mucho transitar, una fiscal que respondió, nombrada luego de que hasta uno vinculado con los narcos ocupara, con la complicidad de los políticos matreros de la exCapitanía General, el puesto, del que finalmente fue despedido por la enérgica intervención de la CICIG. Y luego tuvo la suerte de que nombraran otra fiscal igual a la anterior. Inmediatamente después vino lo que todos hemos observado con asombro. El descubrimiento de una red de corruptos, depredadores del erario público, dirigidos por el mismo presidente de la República, acompañado por su vicepresidenta, hoy pedida en extradición por los Estados Unidos. Estaba en todo la señora, a la que, por cierto, le descubrieron, entre sus innumerables bienes inmuebles, una mansión en Roatán.

Para la MACCIH el camino se adivina muy difícil. El jefe de la CICIG lo dijo claramente. No es la MACCIH la responsable de luchar contra la impunidad. Esa es responsabilidad de las instituciones nacionales. Esa es la razón de existir del MP y del Poder Judicial. A la MACCIH le corresponde el papel de coadyuvante, que lleva la carga técnica, capacitando, suministrando técnicas forenses modernas y auxiliando a los fiscales y jueces en la formación de su criterio jurídico.

Para cumplir con sus funciones, la MACCIH necesita que su colaboración sea aceptada por nuestras instituciones. Y este es el mayor escollo que debe superar la MACCIH. La Fiscalía, hasta ahora, ha sido efectiva en la lucha contra los capos del narco, no contra el narcotráfico, que sigue igual que antes. Porque el impulso no partió del seno de la misma o del gobierno. Es una exigencia del gobierno de Estados Unidos. Repare el distinguido lector que no ha trascendido ningún juicio incoado en contra de esos capos extraditados. Lo mismo que en el caso de los involucrados en el fraude en la FIFA. Quizá porque no se ha iniciado ninguno.

En el saqueo del IHSS están involucrados políticos. El silencio del sistema de justicia en el caso del financiamiento de la campaña del Presidente Hernández con fondos del IHSS, es un ejemplo escalofriante de la dominación que sobre nuestro sistema de justicia ejercen los políticos. Nadie se atreve a avanzar en esa dirección. Ni la MACCIH.

Y no hay esperanza. Los políticos, incluidos los de partidos nuevos, están más interesados en el reparto de chambas que en fortalecer nuestra institucionalidad. Para ejemplos baste mencionar la exigencia de representantes ante el TSC y el TSE. En el futuro, se exigirá participación en el MP y en la Corte Suprema.

Les conviene a los políticos y empresarios corruptos mantener intacto el sistema de impunidad. Han gozado históricamente de su protección y quieren seguir gozando de ella. No faltará algún chusco que diga, igual que para el caso de la reelección, que se trata de un “derecho humano”.