EL PPP Y LA AVALANCHA

editorial la tribuna

EN el momento cuando se organizan protestas y suenan las alarmas de alerta en varios países del mundo por las controversiales medidas migratorias tomadas por la Casa Blanca, Honduras recibe la grata noticia del primer desembolso de los fondos del Plan Alianza para la Paz y la Prosperidad del Triángulo Norte. Por el momento a Honduras le corresponden $125 millones, o sea un 25% del monto total de lo aprobado. Estos fueron los fondos prometidos por Washington después de aquella crisis migratoria del 2014, cuando una avalancha de niños no acompañados ingresaron por distintos puntos de la frontera sur norteamericana. El intempestivo incremento de los flujos migratorios de menores y madres con sus niños pequeños que llegaban de Guatemala, El Salvador, Honduras, hizo que las más altas autoridades estadounidenses nuevamente enfocaran su atención al área centroamericana.

El tema fue reiterativo de la controversia durante toda la campaña política en los Estados Unidos y de cobertura noticiosa de los principales medios de comunicación. Mientras esto sucedía, los cientos de miles de indocumentados han permanecido en ascuas sin un claro norte de su destino o incierto futuro. Desde entonces, la hostilidad hacia los inmigrantes ha crecido. Los expertos concluyeron que nada se resolvería de no atacar –ya no en forma cosmética– los problemas que inducen a ese masivo peregrinaje en los lugares de origen. Muchos huyen de la espantosa situación de violencia que azota sus comunidades, las peligrosas redes del narcotráfico, las pandillas y el crimen organizado, de las condiciones paupérrimas en sus hogares y la miseria de las zonas vulnerables; la falta de trabajos y oportunidades para ganarse la vida en forma decente; o simplemente el instinto ineludible de reunificación familiar con parientes que ya residen en los Estados Unidos. La forma humana de tratar con semejante problema fue atender a los refugiados en sus necesidades inmediatas, mientras buscaban una solución definitiva que permitiera atacar la raíz del éxodo en los países de origen. Y así evitar futuras migraciones. El gobierno hondureño, una vez que la Casa Blanca anunció la solicitud de recursos al Congreso por $1 billón y a otras agencias de $770 millones para atender las urgencias domésticas, inició una campaña para desestimular la ida de los nacionales. Habilitaron programas para la reinserción de los regresados. La asistencia fue condicionada a que los países fortalecieran la seguridad en sus fronteras, el combate a la corrupción, el incremento de los ingresos fiscales y mayor atención a los asuntos de derechos humanos.

Hubo grupos que se movieron al exterior, a desacreditar el país para que no fuera objeto de los beneficios. La administración hondureña demostró esmero en el cumplimiento de los requisitos atados a la asistencia. Pero no solo eso. El mandatario mostrándose complacido por este logro expresa que, “nos hemos ganado la confianza a pulso para financiar el Plan Alianza para la Prosperidad”. Explicó que los recursos van dirigidos a la seguridad ciudadana (47.7 millones de dólares), reducción de la pobreza (63.2 millones de dólares) y transparencia y rendición de cuentas de la administración pública (14.1 millones de dólares). Ingrato sería no reconocer que Honduras ha jugado un papel protagónico tanto en la elaboración del plan como en el seguimiento, hasta obtener el primer desembolso de recursos. Solo falta asegurarse que los dineros sean invertidos adecuadamente para que tengan el rendimiento esperado.