125 millones de dólares

la tribuna

Por Edmundo Orellana
Catedrático universitario

La crisis humanitaria provocada por el éxodo infantil hacia Estados Unidos en el año 2014, justificó lo que se denomina “Alianza para la Prosperidad”, para atender las necesidades básicas de Honduras, Guatemala y El Salvador, países de donde provenían los niños, cuyas familias, víctimas de los malos gobiernos, son discriminadas y excluidas del sistema productivo.

No está equivocado el programa. La migración forzada tiene su causa en la discriminación, exclusión y explotación en el orden económico y social. La atención de estas causas mitiga el rigor de esa realidad, generando condiciones para suprimir la incertidumbre del mañana, personal y familiar.

Gracias al esfuerzo de esos países, especialmente el de Honduras, se logró aprobar ese programa, de cuyo monto total se adelantan estos 125 millones de los contribuyentes estadounidenses, entre quienes están aquellos que han mantenido a flote la economía nacional con sus remesas.

El programa nos evoca el de Kennedy (Alianza para el Progreso), que alivió el hambre de muchos hondureños. Un compañero de primaria, cuya familia se encontraba en precarias condiciones económicas en aquella época, recuerda reiteradamente, hasta con estremecimiento, la merienda, proveniente de este programa, que disfrutaba, calmando el hambre con el que llegaba a recibir clases.

La cooperación en esta ocasión es de dinero en efectivo, no en especie. Mucho dinero, por cierto. Sin embargo, no ha trascendido cómo el donante verificará su aplicación. Lo que llama poderosamente la atención, siendo que es conocido el celo de ese país con los fondos de sus contribuyentes. Nada se dice sobre el mecanismo de verificación de aplicación de esos recursos, ni sobre la transparencia y la rendición de cuentas. ¿O será que el señor Trump, en su afán de cambiar todas las reglas, será más permisivo en el uso (léase, entonces, disfrute) de los recursos de los contribuyentes estadounidenses?

El distinguido lector pensará que eso no es importante porque nuestra institucionalidad cuenta con un sistema de controles apto para garantizar que ese dinero se destine para lo que fue entregado. Sin embargo, debe considerar que la negligencia, omisión y hasta complicidad de estos órganos es lo que ha permitido el florecimiento de la corrupción en nuestro país. Resulta incomprensible, ciertamente, cómo se escapó a la auditoría interna del IHSS, a la Dirección General de Instituciones Descentralizadas del Ministerio de Finanzas y a las comisiones fiscalizadoras del Tribunal Superior de Cuentas, el perverso saqueo al que fue sometido este organismo. Asimismo, el latrocinio que motivó la intervención del gobierno en todas las instituciones autónomas, saqueadas, igualmente, por los corruptos.

Para eso sirven las leyes. Para establecer el orden. Existen en la naturaleza y en la sociedad. En aquella, existen para su funcionamiento; en esta, para protegernos de nosotros mismos. Sin ellas, no habría orden, ni natural ni social. En la sociedad, la vida, la integridad personal y la propiedad, dependen de las leyes vigentes. El ejercicio del poder también necesita de límites, de lo contrario se ejercería siguiendo los caprichos de quien lo detente. Esa es la finalidad del ordenamiento jurídico, evitar los excesos y su más grotesca manifestación, la tiranía.

Por la ineficiencia en la aplicación de esas leyes, preocupa el momento en que vienen esos fondos de la Alianza para la Prosperidad. Llegan en pleno proceso electoral. Su manejo, su distribución y su aplicación podrían contaminarse con el proceso electoral. Debemos recordar que nuestros políticos no se distinguen por ser escrupulosos. Tengamos presente que fondos del IHSS fueron utilizados en la campaña anterior, cuyo monto apenas se va perfilando después de la denuncia del exministro Montes, que en plena audiencia judicial estremeció al país y puso en guardia al partido gobernante, señalando que 17 millones fueron extraídos del IHSS para fines electoreros. De ser cierto, habrá que preguntarse por qué actuaron selectivamente. ¿Por qué no investigaron simultáneamente ambos casos, en lugar de concentrarse en el de Montes, 14 millones menor que el otro, si la documentación de este también está en posesión del MP? ¿Podrá la MACCIH ahondar en los misterios de la enigmática justicia hondureña?

Esa debía ser la preocupación de la oposición. Aprobar en el Congreso Nacional normas para garantizar que esos recursos contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables y evitar que sean utilizados en la campaña de los candidatos del partido de gobierno, ya que a Trump parece que esto no le importa. En lugar de preocuparse por llenar sus bolsillos y asegurar un nicho en el próximo gobierno, debían pensar en el pueblo, al menos por esta vez.

Aunque no dudemos de la honestidad de los gobernantes, por razones de elemental precaución habrá que considerar el refrán aquel que dice: “En arca abierta el justo peca”.