Ya no hay excusas

27 FEB, 2017 - 12:20 AM

Por Edmundo Orellana
Catedrático universitario

El Presidente y sus seguidores están exultantes. Tienen razón. Lograron aprobar las reformas al Código Penal, demostraron que tienen mayoría en el Congreso Nacional.

La campaña desplegada no escatimó recurso alguno. El gobierno apeló a lo de siempre, a acusar de cómplices de los terroristas, a los que no están de acuerdo, aprovechó las recientes masacres y asesinatos para estimular el miedo entre la población, insistiendo en que si no se aprobaban las reformas, el país sería controlado por el crimen organizado.

El terrorismo es una figura respecto de la que no hay consenso en relación con sus elementos constitutivos. Por esa razón no se incluyó como competencia de la Corte Penal Internacional. Hay más ambigüedad que certeza en este tema. Si esto sucede a nivel internacional, a nivel local la cuestión es más confusa.

Desde esta perspectiva, debemos considerar que la debilidad de nuestra institucionalidad es un impedimento supremo para enfrentar los desafíos que le plantea este delito, tipificado en los términos de la reforma. Particularmente, porque los crímenes perpetrados por maras, organizaciones criminales y el crimen organizado siguen en la impunidad debido a que la Policía captura únicamente a los ejecutores materiales, y eso excepcionalmente.

Ninguno de los autores intelectuales de los delitos que más han conmovido el país está preso. No están presos porque aún no han sido identificados.

Nadie sabe en realidad quién ordena las masacres, las quemas de buses, los asesinatos selectivos y demás crímenes similares. Sin duda, la sociedad hondureña seguirá siendo víctima de estos hechos criminales, porque los autores intelectuales disfrutando de la impunidad que le ofrece el sistema, siempre encontrarán quiénes los ejecuten, sin importar cuántas leyes apruebe el Congreso Nacional para aumentar las penas o tipificar delitos.

Los hechos criminales no se combaten con leyes ni con instituciones, simplemente. Se combate con personas capaces en las técnicas de la investigación, en las ciencias forenses y en Derecho Penal y Procesal Penal. No se trata, en el caso de estos últimos, del conocimiento de los códigos (basta leerlos para conocerlos), sino del conocimiento científico de estas disciplinas jurídicas (es decir, comprender partiendo de las circunstancias, los alcances de esos cuerpos legales en función de la dogmática jurídica en materia penal y procesal penal). El fiscal y el juez que conocen únicamente los códigos son incapaces de vertebrar criterios jurídicos, porque desconocen los fundamentos de las instituciones regulados por esos códigos. Por consiguiente, carecen de idoneidad para ejercer sus cargos.

En nuestro país esa es nuestra principal falencia. La ausencia de procesos sostenidos de capacitación del personal responsable de la investigación criminal (hace apenas dos años nació la ATIC, después de 20 años de vacío total en la materia, porque los políticos, molestos por las acusaciones contra funcionarios civiles y uniformados corruptos, suprimieron la investigación del MP), de las ciencias forenses (son notorias las debilidades en esta materia por falta de apoyo) y del estudio científico del Derecho Penal y del Derecho Procesal Penal.

De estas, la investigación no solo es la primera sino que condiciona las demás. Si es deficiente o negligente, las demás acciones podrían resultar improductivas. Este es, efectivamente, el principal factor determinante de la impunidad en el país. Por eso, aún no se encuentran los autores intelectuales de la mayoría de los delitos más sonados.

Con la aprobación de estas reformas, el gobierno pretende hacernos creer que ya todo está resuelto. Que no habrá criminal en la calle ni delito sin castigar. Y si no desaparecen la violencia y el crimen, al menos se reducirán drásticamente.

Primero fue la Policía Militar, ahora son las que reformas a la legislación penal. ¿Y ahora qué hará el señor Presidente? Ya tiene las herramientas que con tanto ardor exigió. Si no logra dar con los responsables de las masacres, de la quema de buses, de los asesinatos colectivos y de las extorsiones en estos meses, antes de las elecciones generales, le dará la razón a quienes alegan que estas reformas son inútiles si no van acompañadas del fortalecimiento de la investigación, de las ciencias forenses, de la función del fiscal y del juez. Es más, le dará la razón también a quienes sostienen que esas reformas se impulsaron únicamente para contar con los mecanismos para reprimir las protestas que, sin duda, habrá en contra de su inconstitucional pretensión continuista; sospecha que se ha fortalecido con la infeliz iniciativa, de último momento, de incluir en las reformas amenazas contra la prensa.

Por la vehemencia con la que exigía las reformas, es de suponer que el Presidente está convencido de que esas capturas serán realidad en los próximos meses; tal vez, antes de las elecciones. De lograrlo, no solo demostrará que los que nos opusimos a la reforma estábamos equivocados, sino también que nuestro sistema de justicia es muy superior al sistema penal internacional, del que se sustrajo el conocimiento del delito de terrorismo por las dudas en la delimitación conceptual del mismo.

Se acabaron las excusas señor Presidente. Haga lo que tenga que hacer, pero hágalo en contra de los responsables de esos crímenes brutales, no contra el pueblo inerme que se opondrá al continuismo ni contra la prensa, único medio por el que se puede expresar libre y masivamente la opinión personal.

¿Si no lo logra en estos 7 meses, que más exigirá el señor Presidente para prometer seguridad? ¿En este supuesto, tendrá valor de pedir el voto?