El Presidente y el candidato (2)

la tribuna

Por: Ernesto Paz Aguilar

¿Puede el Presidente de la República ser, al mismo tiempo, candidato en las elecciones internas y luego candidato oficial en las elecciones generales, sin violentar el orden jurídico nacional e internacional?

El Presidente enfrenta el eterno dilema ético y moral de los políticos: honrar o no el juramento hecho el día que asumió su alto cargo: “Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes” (Artículo 322 constitucional). No obstante, la claridad de la norma el Presidente de la República está en plena campaña electoral y aparentemente no le da ni frío ni calor los cuestionamientos ciudadanos.

Pero el Presidente enfrenta otros problemas igualmente delicados. El primero es que se desplaza por los cuatro puntos cardinales del país con dos sombreros: el de Presidente y el de candidato. Y eso, además de ser ilegal, es mal visto por la mayoría del pueblo. Este proceder irregular se estrella contra el Artículo 235 del edificio constitucional que establece: “la titularidad del Poder Ejecutivo la ejerce en representación y para beneficio del pueblo el Presidente, y, en su defecto, los designados a la Presidencia de la República”.

No olvidemos que el primer mandatario ejerce sus funciones las 24 horas del día, los 1,460 días de su mandato. El Presidente de la República es el Presidente de todos los hondureños, pero cuando anda en campañas sectarias su proceder violenta el Código de Conducta Ética del Servidor Público (Decreto No 36-2007).

Si en nuestro país se respetara escrupulosamente la ley y se observara con pulcritud la Constitución, el Presidente de la República debió haber solicitado licencia al Congreso Nacional, 50 días antes de las elecciones internas para dedicarse a hacer campaña política. Para desgracia del país no ocurrió así, porque él tiene el control absoluto de todas las instituciones políticas del Estado.

El otro problema axial se encuentra descripto en los artículos 141 y 142 de la Ley Electoral y de las organizaciones políticas que se refieren a las prohibiciones y sanciones a los funcionarios públicos por la utilización de recursos financieros y bienes del Estado en propaganda sectaria: “No se utilizarán las radiodifusoras, televisoras periódicos y demás medios de comunicación con fines de propaganda electoral. Los funcionarios que contravengan esta disposición deberán ser destituidos de sus cargos y aplicarle una multa de veinte a cien salarios mínimos”. “Se prohíbe a los funcionarios públicos: 1) Asistir a reuniones de carácter político durante las horas y días hábiles; 2) Utilizar la autoridad, medios e influencias de sus cargos para favorecer personas u organizaciones políticas; 3) Utilizar los actos de gobierno para hacer propaganda partidista de cualquier tipo; y, 4) Utilizar recursos financieros o bienes del Estado para hacer propaganda política. El contraventor será sancionado con una multa equivalente a dos veces el salario mensual y en caso de reincidencia con el doble de la misma sin perjuicio de la destitución de su cargo”.

Hay que agregar dos artículos del Código de Ética citado: “Son conductas contrarias a la ética pública: utilizar la publicidad institucional o los recursos públicos en general para la promoción personal del nombre e imagen del servidor público con interés en postularse a un cargo de elección popular…”.

En nuestros países, el problema no es la existencia de leyes sino su abundancia. La normativa es clara como el agua, el problema son los funcionarios encargados de su aplicación. Nuestros funcionarios son inmunes al remordimiento pero son culpables por acción o por omisión. Para nuestro infortunio la mayoría de las instituciones públicas del país han sido cooptadas o capturadas y están degradadas y, esta condición, confirma a Honduras como un Estado degradado.

Evidentemente los hondureños tenemos el legítimo derecho de indignarnos por la grosera dilapidación de nuestro dinero que pagamos vía impuestos, por parte de las camarillas políticas en las campañas electorales. Da coraje ver morir a gente por falta de medicinas en los hospitales públicos o ver niños sentados en el suelo por falta de aulas escolares. “Un pueblo que elige corruptos no es víctima es cómplice”.

Desde luego, la mayoría de los hondureños creemos en la democracia participativa y en el estado de derecho y tenemos el legítimo derecho a disentir con la manera de pensar “del más cínico de los cínicos”, Plutarco Muñoz Pineda, expresidente del Congreso Nacional para quien “la Constitución era pura babosada”.