La reforma penal y el derecho respetuoso

la tribuna

Por: Aldo Romero
Periodista y catedrático universitario

Muchos especialistas, particularmente ligados a la estructura gubernamental, coinciden en que las reformas a la legislación penal son necesarias y urgentes para fortalecer las ejecutorias de los órganos de aplicación de justicia contra el delito, con especial énfasis en los relacionados con la extorsión, el vandalismo, la quema de buses, la gobernabilidad en las cárceles y otros del crimen organizado.

Posiciones más independientes, hacen un llamado a la socialización y concertación del paquete de reformas enviado desde el Poder Ejecutivo, a fin de encontrar un asidero legal sólido y contundente contra los que delinquen, pero que a la vez, no perjudique ni trastoque los derechos fundamentales de la ciudadanía en general.

¿Cuál es el espíritu de la reforma? Esta es una pregunta que deben hacerse los legisladores, antes de proceder a la aprobación de las mismas simplemente porque sí, para saber si una reforma es necesaria, debemos tener en claro si esta hace la ley más eficiente y si permitirá a los operadores de justicia, mayor amplitud e independencia en la acción judicial.

Los antecedentes no son generosos específicamente en materia penal, en el país las leyes son constantemente sometidas a reformas y contrarreformas bajo el criterio de urgentes y necesarias, y que al final encuentran en la inaplicabilidad, el principal obstáculo en el combate al delito, no es desconocido que por años, muchos jueces han actuado en infinidad de procesos con negligencia, favoritismo y aplicando la ley de manera diferente en casos similares.

Salvo mejores criterios legales, el paquete de reformas que urge el gobierno, y que deberá conocer el Congreso Nacional, no garantiza que esas ejecutorias serán diferentes, más bien generan dudas en relación a cual es el interés que motiva por ejemplo, la criminalización de la protesta, confundiéndola o pretendiendo relacionarla, con acciones vandálicas.

Nada más alejado de los principios y fundamentos de la democracia, que un estado cuya reacción contra la protesta social sea con el Código Penal en mano, los legisladores deben evitar a toda costa, que algunos delitos se utilicen o puedan utilizarse para reprimir y castigar la manifestación popular amparada en la Constitución de la República como derecho fundamental.

Similares cuestionamientos tiene la pretensión de intervenir abiertamente las comunicaciones privadas obligando a las empresas de telefonía a brindar la información o permitir lo que solo se puede hacer mediante una ordenanza de un juez, o que decir de la no criminalización de los delitos cometidos por servidores públicos, llevándolos al fuero civil y facilitando que aún en caso de muertes o lesiones graves, puedan ser procesados bajo ciertos privilegios.

Si el Estado está en capacidad de ofrecer respuestas a las dudas planteadas valdría la pena conocerlas, mientras tanto, los legisladores, principalmente los de oposición, deben ser beligerantes y firmes en la defensa de la legalidad y la institucionalidad jurídica, recordándoles que un derecho respetuoso, es un derecho que no atenta contra los derechos fundamentales de ninguno de los ciudadanos de un estado.