Sigue la impunidad

3 JUL, 2017 - 12:15 AM

Por Edmundo Orellana
Catedrático universitario

Mientras no se castigue ejemplarmente a quienes secuestraron el presupuesto por más de siete meses, luego del golpe de estado del 2009, no se puede celebrar ninguna victoria sobre la impunidad en nuestro país.

Durante esos meses hicieron lo que quisieron con los recursos que dejó el gobierno golpeado y con los que adquirieron, en calidad de préstamos leoninos, de la banca nacional. Se aprobaron contratos sin ningún control, incluidos los que llegaron al Congreso Nacional, mientras se administraba discrecionalmente el presupuesto. ¿Cuánto fue lo despilfarrado? Aún no lo sabemos, porque el TSC fue incapaz de seguir el ritmo a ese desenfreno en el manejo de los recursos. Lo que sí sabemos es que aproximadamente 20 mil millones de lempiras están a la espera de liquidación. Es mucho dinero. Más que lo saqueado del IHSS y de otras instituciones del Estado, en años.

También están sin liquidar los fondos de la Cuarta Urna, cuya suma es abismalmente inferior a lo que manejó el gobierno de facto, pero que, igualmente, debe liquidarse.

Durante el gobierno de Lobo, como prolongación del anterior, hubo un interregno de más de dos años, en el que todo era permitido por la ausencia de recursos de la cooperación internacional, vital fuente de ingresos de un país que aún no ha remontado su incapacidad de producir para subvenir sus necesidades materiales básicas, empecinado, por conveniencia de nuestros gobernantes, en una actitud mendicante que estimulan los gobiernos neocolonialistas que favorecen programas como el “Bono Diez Mil” y otros similares, con el inescrupuloso y evidente propósito de mantenernos de rodillas frente a ellos. Aún falta una verdadera liquidación presupuestaria de ese período, también.

Estas condiciones generaron pasiones y estas, a su vez, impulsaron conductas como las del IHSS y otras más que aún no sabemos. También favorecieron el crecimiento del crimen organizado, que aprovechó los apetitos que, esas condiciones, generaron en los políticos y empresarios, para atraerlos a sus negocios ilícitos, para legalizar sus ganancias.

Si no hubiese sido el gobierno de Estados Unidos, con su exigencia de extraditar a los capos de la droga, esa bacanal, seguramente, seguiría sin control y en crecimiento. No obstante, el tráfico sigue imparable y nuevos capos, distribuidos en grupos más pequeños, surgen. La banda de “Los Peludos”, es un ejemplo.

Autoridades y criminales participaron de esta orgía. Las autoridades se suceden, algunas siguen en la función pública, otras, las uniformadas, ostentan el dudoso privilegio de anteponer la “r” en sus tarjetas de presentación, o bien son exfiscales o exjueces que disfrutan del beneficio de la jubilación. Los políticos siguen activos, ejerciendo cargos de elección popular o el caudillaje en sus respectivas comunidades.

Todos tienen en común, su tranquilidad. No importa lo que hicieron ni cuánto daño causaron a las personas o al erario público, el sistema de impunidad les garantiza que ninguna institución alterará la calma en que discurren sus días. En esto hasta la Comisión Depuradora de la Policía ha contribuido, porque a todos los que depura, no importa la sospecha de sus crímenes, los retira con prestaciones, que a la fecha suman, aproximadamente, 700 millones de lempiras. Reconocer prestaciones a depurados por sospechas de crímenes horrendos, se traduce en una aprobación de estos.

En este ambiente, viene la MACCIH a celebrar la victoria en un caso en el que el acusado resultó condenado por tráfico de influencias en ocasión de ejercer la vicepresidencia del Consejo de la Judicatura, lo que luce insignificante frente a la denuncia del despilfarro millonario de recursos que, según trascendió desde el mismo Poder Judicial, atribuyen al desaparecido organismo. De haberse avanzado en ambas, habríamos recuperado, si se hubiese probado el delito, esos recursos.

De nada sirve condenarlos a prisión, si al cumplir la pena les espera, intacto, el botín acumulado en perjuicio de los recursos del Estado. Bien pudo instar la MACCIH, al celebrar la pírrica victoria, al MP y a la PGR para que avancen en esa dirección con el objeto de recuperar los miles de millones de lempiras que aún se encuentran en los bolsillos de funcionarios o exfuncionarios públicos, necesarios para mejorar la calidad de nuestros deficientes servicios de educación, salud, seguridad y demás.

A esperar, entonces, que un milagro suceda.