La pobreza, la desigualdad y el gobierno

La pobreza, la desigualdad y el gobierno

Por Julio Raudales

La pobreza y la desigualdad son lacras sociales que no deberían existir en la era del conocimiento.

Es difícil concordar sobre cuál de las dos es peor, pero la capacidad para producir alimentos, combatir enfermedades, prevenir desastres naturales y desarrollar acuerdos sociales, son elementos suficientes como para asegurar que no haya pobres en la tierra y que las diferencias materiales se minimicen al ritmo del desarrollo tecnológico.

El mundo ha cambiado sí, y para bien. Hace dos siglos, los primeros estudiosos de las ciencias sociales solo vaticinaban catástrofes y miserias. Y no es que David Ricardo, Malthus y Marx fuesen pesimistas por naturaleza, es que la ciencia no había avanzado lo suficiente como para prever las maravillas que pronto traerían el conocimiento y la innovación.

Un reciente estudio de la FAO, señala que la cantidad de alimentos producidos para abastecer a los Estados Unidos es suficiente para que la desnutrición se borre de la faz de la tierra. Por otro lado, el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI), reveló en una investigación, que si las ocho economías más desarrolladas, redujeran un 25% sus gastos de defensa, se liberarían recursos suficientes como para que el ingreso del 40% de la población más pobre del mundo se duplicase.

Alguien está haciendo muy mal las cosas en el mundo para que se den estas contradicciones, y creo que no es difícil encontrar al culpable.

Año a año, los gobiernos requieren una cantidad importante de los ingresos de los trabajadores y empresarios con el prurito de “velar por el interés común”. En algunos casos el objetivo se alcanza con eficacia y la mayoría de la ciudadanía conquista de manera sistemática un bienestar más o menos consecuente con sus expectativas. Casos como el de Noruega, Alemania, Corea del Sur y Canadá, reflejan el relativo éxito de sus instituciones para lograr su cometido.

Pero la gran mayoría de los países muestra por donde se vea, el rotundo fracaso de sus gobiernos y estructuras fiscales en la búsqueda del bienestar de sus ciudadanos. ¿Por qué?

Responder a esta pregunta requiere de la ciencia política y la sociología más que de la economía.

Y es que los científicos sociales modernos atribuyen la persistencia de problemas sociales como la pobreza y la desigualdad, a tres factores esenciales ligados a la acción gubernamental: la búsqueda y retención indebida del poder político, el uso poco efectivo y corrupto de los recursos públicos y el desarrollo de poderes alternos al gobierno.

Cuando la élite política de un país, dedica un mayor porcentaje del presupuesto público a alimentar de manera ineficiente el sistema de acceso al poder, esto es, publicidad gubernamental excesiva, regalías sociales, desmesurado uso de consultas, etc., se va erosionando la confianza de la población en las instituciones, de modo que al final, se percibe a la democracia e instituciones políticas, más como estorbo que como fuente de bienestar.

Muy ligado a lo anterior está el uso inapropiado del gasto público en programas y proyectos poco rentables socialmente, además de insostenibles desde el punto de vista financiero, lo cual casi siempre desencadena crisis fiscales, cuyo ajuste mediante aumento de impuestos y recortes abruptos a beneficios sociales, termina coartando la libertad individual y decepcionando a la ciudadanía.

Por último, el debilitamiento de la acción pública, ya sea por incumplimiento de objetivos, como por corrupción e ineficiencia, provoca la emergencia de poderes fácticos o paraestatales que van adquiriendo, mediante canonjías y privilegios, mayor acceso a recursos, en detrimento de la mayoría de la población, profundizando así la pobreza e inequidad.

Todo lo anterior refleja la importancia de una acción inteligente y honesta del gobierno para lograr el desarrollo. De ahí la necesidad de concentrar los esfuerzos sociales en el fortalecimiento institucional y el control ciudadano. De ahí la necesidad imperiosa de un pacto fiscal.

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