Terrorismo

la tribuna

Por Edmundo Orellana
Catedrático universitario

El gobierno ha decidido calificar de terrorismo la extorsión y a este efecto enviará el respectivo proyecto de ley al Congreso Nacional. La iniciativa contiene una serie de reformas cuya finalidad, según el gobierno, es la adecuación de la legislación penal “para una lucha efectiva contra las diferentes formas de criminalidad”.

La calificación del delito y el endurecimiento de las penas no tienen efecto alguno en el fenómeno delictivo si estas medidas no van acompañadas de mecanismos que aseguren su efectiva aplicación. La mayoría de las reformas al Código Penal se han fundamentado en la pretensión del gobierno de hacer más efectiva la lucha contra el crimen, común y organizado; sin embargo, dichas reformas no han disminuido la violencia y el crimen, por la debilidad de las instituciones para aplicarlas (quien lo dude, recuerde por qué está aquí la MACCIH). No es, pues, con nuevas leyes ni reformas a las leyes existentes que se logra combatir eficazmente el crimen, sino con la eficiente y eficaz aplicación de las leyes.

Si no hay investigación profesional del crimen, no habrá imputados y si los hay los tribunales los dejarán en libertad por falta de pruebas idóneas para proseguir el juicio o condenarlos. Si no existe una estructura adecuada que garantice científica y técnicamente los peritajes, estos estarán desprovistos de la credibilidad necesaria y serán fácilmente descalificados por la defensa. Y si, finalmente, la fundamentación jurídica y la petición no se plantean con criterio jurídico, la acusación no tiene futuro, aunque sean profesionales la investigación y los peritajes.

En nuestro país, el problema es que la investigación apenas tiene dos años de reiniciada con la creación de la ATIC. Casi 20 años pasamos sin investigación profesional porque al Congreso Nacional no se le ocurrió, en represalia por las acusaciones contra políticos corruptos y contra militares y policías violadores de los derechos humanos, presentadas por el MP en la década de los 90, algo más inteligente que eliminar la Dirección de Investigación Criminal del MP. Ahora que se rectificó, habrá que esperar la madurez que la ATIC adquiera con la capacitación y la experiencia, y que no repitan los diputados la estupidez de suprimir la investigación del MP.

En materia de peritajes no estamos mejor. Todo indica que la mayoría de los casos debidamente investigados y judicializados que no termina en condena, se debe a que los peritajes no resisten ni los mínimos cuestionamientos de la defensa.

Por otra parte, está la sospecha de que en la extorsión participan autoridades, lo que fue confirmado recientemente por un policía depurado en un programa de tv. Efectivamente, sin la participación de las autoridades este delito (y otros delitos) no habría crecido tanto (quien lo dude que recuerde por qué existe la Comisión Depuradora de la Policía).

En estas condiciones, la lucha contra la extorsión se torna más difícil porque la misma autoridad se encarga de proteger a los jefes de estas bandas. En estas condiciones, pese a los éxitos que alega la policía, las bandas se mantienen intactas, porque capturan a los ejecutores materiales, no a los cabecillas.

Sobre los fiscales, abrigamos la esperanza de que el MP incremente los programas de capacitación, manteniendo su continuidad e intensificando sus especializaciones, y que la MACCIH certifique pronto a los que trabajarán con ella.

Sobre los jueces, es de esperar que los nuevos tribunales contra la extorsión funcionen, lo que dependerá de la capacitación que sus titulares reciban antes de asumir sus funciones y en el ejercicio de las mismas. Si esto no sucede, los jueces antiextorsión, aunque certificados por la MACCIH, serán un fracaso porque sin el conocimiento requerido para juzgar estos casos, serán un eslabón más en la cadena de producción de la impunidad. Esperemos, pues. El tiempo lo dirá.

En todo caso, la iniciativa exhibe la conducta histórica de nuestros gobiernos: la improvisación. No es el resultado de una política de seguridad, ciertamente. Es una simple respuesta al desesperado reclamo social de frenar la extorsión, planteada con la fanfarria que se requiere en un contexto electoral. Repárese que la MACCIH, que celebró con estridencia la creación de los tribunales antiextorsión, guarda silencio.

Un detalle que debe destacarse de la iniciativa gubernamental, es la pretensión de que las autoridades de seguridad procesadas por causar lesiones o muerte en el cumplimiento de su deber, “cumplan la orden de detención o prisión preventiva en la institución a la que pertenezcan”. Esto ocurría en la década de los 80 y 90, en virtud de un auto acordado de la Corte Suprema y causó estragos en la lucha contra la impunidad. De aprobarse, los agentes de seguridad (ahora militares y policías), sabrán que causar lesiones o muertes “en el cumplimiento de su deber”, es garantía de vacaciones a disfrutar en el lugar de trabajo (para los uniformados su lugar de trabajo es, a su vez, su hogar) y con sus compañeros (es decir, su familia), con la posibilidad de que el ambiente que se está generando en favor de medidas drásticas en contra de la delincuencia, inclinen la decisión judicial a su favor. El riesgo es que de esto resulte una fuerza letal, depuradora de la sociedad, protegida por el sistema de impunidad.

De todo lo que pretende el gobierno, lo que se cumplirá, sin duda, será lo que anotamos en el párrafo anterior. Sobre lo demás, “¡Quien sabe, señor!”.