Que la reclamada impunidad desaparezca y se aplique la justicia
Por José Rolando Sarmiento
Sin duda alguna que los hondureños somos contradictorios en nuestros juicios y puntos de vista, sobre los actos de aplicación de la justicia y el derecho en el país, cuando algunos sectores comienzan a condolerse al hablarse seriamente de enviar a los corruptos a cárceles de máxima seguridad, igual se ha hecho ya con los peligrosos jefes de bandas criminales, castigo que hemos venido exigiendo por décadas, para los que cometen delitos graves en el país, y la corrupción lo es, igual que los que asaltan, secuestran, extorsionan económicamente, violan sexualmente o asesinan a personas, sobre todo desde que el embajador norteamericano, Crescencio Arcos, calificó que su aplicación solo se hacía con los descalzos, cuando el escandaloso caso de la muerte violenta de una joven normalista, donde fueron condenados un alto oficial militar y un sargento de las Fuerzas Armadas, algo que no había ocurrido antes en Honduras.
Sin embargo en los casos de enriquecimiento ilícito, de corrupción, ocurridos en varios gobiernos, se ha venido hablando de la impunidad para los delitos calificados de cuello blanco, que se estima son cometidos por personajes, o por hijos y apadrinados de personajes que por su peso político, económico, gubernamental, evaden la acción de la justicia, y con su poder e influencia han logrado que la diosa Temis, que simboliza la justicia con su imparcialidad, se destape los ojos vendados para verlos y otorgar preferencias para los grandes, solo condenando a los robagallinas, a los ladrones de poca monta, a los delincuentes comunes, pero no a los poderosos, sean estos narcotraficantes, los ahora enriquecidos mareros, empetacados exfuncionarios públicos, empresarios reales o supuestos empresarios de maletín, hecho que ha venido cambiando recientemente en el país.
Asombrosamente, cuando se habla de enviar a la nueva y temida cárcel de El Pozo, o a las nuevas penitenciarías, a implicados en el grave caso de corrupción del Seguro Social, comienzan algunos a quejarse, a dar muestras de ablandamientos, a considerarlo una venganza, un show de tinte político electoral del gobernante para reelegirse, cuando lo que deberían ver es que así se pone un ejemplo impactante para que los funcionarios públicos y los empresarios, se abstengan de coaligarse para cometer actos de enriquecimiento ilícito en el país, por el temor de ir a parar con sus huesos a las cárceles de máxima seguridad, y no a los cómodos refugios u hotelitos como la antigua mora, en la ya desaparecida Penitenciaría Central, instalados también en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto de Támara, que también han venido existiendo en los presidios departamentales y locales, donde con la paga a los presos que las manejan y la coima a los jefes carcelarios, se la pasan aunque limitados de libertad, muy bien, recibiendo diarias visitas y el menú de restaurantes de comida rápida o de sus propias casas, sin sentir el sinsabor de no gozar de privilegio alguno, hasta con fiestas de fin de semana amenizadas con discomóviles y hasta conjuntos musicales en vivo propios de los presos, o contratados del exterior.
La exigencia de la sociedad nacional para la preservación de la seguridad ciudadana y de sus bienes, la lucha popular emprendida, apoyada por los medios de comunicación, por sectores políticos, gubernamentales y del propio pueblo de Honduras, con las sentidas marchas de presión y protesta en las calles, tiene una respuesta como se esperaba, se ha comenzado a investigar, perseguir, detener y elevar requerimientos fiscales para enjuiciar a los supuestos responsables, pero serán los tribunales competentes de justicia, los encargados de emitir sentencias, se espera que condenatorias, pero también pueden ser absolutorias, si los organismos del Estado por apresuramiento, incompetencia, presiones mediáticas, cometen errores que faciliten a los defensores que se desestimen las pruebas y testimonios presentados, por ello hemos opinado que mejor tarde que nunca, para que se castigue a los responsables de apropiación ilícita de fondos públicos, sean estos del gobierno o el sector privado empresarial del país, o los falsos empresarios que constituyeron las denominadas de maletín, con el expreso propósito de colusión con los funcionarios y empleados del Seguro Social, para las negociaciones en que les favorecieron como contratistas y proveedores.
De hecho ya se han dado sentencias condenatorias, tal es el caso de la ciudadana chilena favorecida con el lavado de activos que además de los viajes suyos de placer a Honduras y del señor Mario Zelaya a Chile, la compra de valiosas propiedades y lujosos automóviles, ahora expropiados para la devolución de sus valores a nuestro país por la justicia chilena, mientras aquí se avanza en los diferentes casos donde se involucra a exfuncionarios y anteriores directivos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, surgiendo nuevos implicados, mientras se busca localizar y capturar los actualmente fugitivos.
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