Exigir es un derecho y un deber

la tribuna

Por: Edmundo Orellana
Catedrático universitario

El guante ha sido lanzado y es de caballeros recogerlo. El lance tornase una cuestión, no de honor, sino de merecimiento, porque el retador, además de gozar de nuestro respeto y consideración, es reconocido como uno de los columnistas mejor informados y calificados intelectualmente.

Los artículos y declaraciones mías publicados sobre la MACCIH, no son el resultado de un prejuicio, sino del análisis de la realidad en la que estamos inmersos y a la que han sido lanzadas, para su infortunio, las personas a las que la OEA comisionó atender los reclamos de indignación popular, por el exasperante nivel de impunidad alcanzado, por la negligencia o complicidad de las instituciones creadas para combatirla.

Es cierto que es deber nuestro encontrar las soluciones de nuestros problemas, como afirma Juan Ramón Martínez. Combatir la impunidad, empero, no es como combatir la pobreza, empresa a la que todos podemos contribuir si nos decidiéramos a invertir lo que tenemos, poco o mucho, en actividades productivas, generando empleos y riqueza. El combate contra la impunidad es responsabilidad exclusiva del poder cuyo monopolio de la fuerza garantiza el castigo al criminal. Incurre en delito el particular que pretenda castigar directamente al responsable del ilícito, conducta propia de sociedades primitivas o en caos total.

Para la reparación del daño se recurre a los órganos del Estado, pero cuando estos no responden o actúan negligentemente, genera en el agraviado una sensación de profunda desolación que se traduce en frustración al comprobar que la inacción del Estado cubre de un manto protector al victimario.

Cuando la víctima no es una persona singular, sino la sociedad, la cuestión se torna más compleja, porque el daño es imperceptible. Cuando un funcionario se enriquece ilícitamente no se daña a una persona en particular, pero sí se refleja, inevitablemente, en el presupuesto de la institución en la que labora, afectando irreversiblemente la prestación del servicio público respectivo. Las víctimas son los usuarios, en este caso.

El caso del IHSS es el mejor ejemplo. El saqueo no afectó a una persona, afectó a miles de familias, provocando muertes e incapacidades de por vida. Similares casos ocurrieron, en los ministerios, en las instituciones autónomas, en las municipalidades, así como, aunque en mayor grado, durante del gobierno de facto (no se ha rendido cuentas de los 20 mil millones de que dispusieron discrecionalmente las autoridades de facto). La víctima de este saqueo es el pueblo hondureño, pero esta masa amorfa, no tiene posibilidades de lograr, por sí, la reparación del inconmensurable daño irrogado. Para eso existe el sistema de justicia cuyo primer eslabón es el Ministerio Público. Pero, resulta, que este sistema, en lugar de ofrecernos seguridad jurídica, genera impunidad.

A terminar con este esquema perverso vino la MACCIH. No vino en misión diplomática ni a abrazarse con los victimarios. Vino a terminar con la impunidad, atacando la corrupción, mediante el fortalecimiento de nuestras instituciones de justicia. Exigirle que cumpla con su deber no es “atribuirle a la MACCIH las culpas de lo que son fruto de debilidades…” de los hondureños, como dice el distinguido columnista, Juan Ramón Martínez. Es, simplemente, el ejercicio de un derecho y de un deber.

Cuando Juan Ramón culpa a todos los hondureños, seguramente, no repara que exonera a los criminales. “Si todos son culpables nadie es responsable”, manido recurso que tiene el efecto de garantizar impunidad y estoy seguro que ese no es el propósito de Juan Ramón, con quien hemos compartido muchas opiniones, como el rechazo al continuismo, por ejemplo.

Recogido el guante estimado amigo, por esta única vez.