“Nadie está por encima de la ley”

“Nadie está por encima de la ley”

Por Edmundo Orellana
Catedrático universitario

Lo dijo el señor Presidente. La percepción general, sin embargo, es que el señor Presidente ejerce su autoridad como si estuviese por sobre la ley.
Algunos ejemplos ilustran nuestro aserto.

Desde su posición de presidente del Congreso, aprobó, violando la Constitución, la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional, creó un régimen especial inconstitucional para ofrecer a empresas extranjeras porciones del territorio nacional, bajo la modalidad de “ciudades modelo” (verdaderas “repúblicas empresariales”) en las que Honduras no ejercerá soberanía e impuso al Fiscal General, violentando las reglas aprobadas para su selección.

Como Presidente de la República reconoció públicamente que intervino teléfonos para presionar a los diputados que se oponían a su iniciativa de constitucionalizar la Policía Militar del Orden Público, acusándolos de tener conexiones con el crimen organizado.

En su condición de presidente del Consejo de Defensa y Seguridad controla lo siguiente: el sistema de justicia en su totalidad, porque se integran al mismo, en condición de subordinados, los titulares de los demás poderes del Estado y del MP; el régimen de secretos del Estado, que aplica por medio de la Dirección de Investigación e Inteligencia, bajo su dependencia.

Bajo su control personal se encuentra la Policía Militar del Orden Público y la parte de la justicia penal adscrita a este verdadero ejército. Ambos, por tanto, están a su disposición.

Controla los recursos financieros del Estado: el Presupuesto General, por medio de SIAFI; el “tasón de seguridad”; y los recursos administrados por la OABI. Gran parte de estos recursos manejados bajo la sombra proyectada por la ley de secretos oficiales.

Puede, contrariando la Constitución, legislar (crea, suprime o reforma ministerios, instituciones autónomas, etc.); igualmente, puede traer a su conocimiento cualquier asunto que competa a un subordinado, en virtud de la potestad de avocación ilimitada que le fue conferida. A lo que se agrega la restricción de impugnar judicialmente las decisiones administrativas porque la impugnación pasa por una caución del 20% sobre el monto demandado.

Nos encontramos en permanente Estado de Excepción. Para Carl Schmitt, quien planteó la teoría del estado de excepción a inicios del siglo XX, este se justifica cuando las leyes, aprobadas para situaciones normales, se sustituyen por la decisión política excepcional para atender circunstancias extraordinarias para las que resultan inocuas aquellas leyes. Por la teoría del Estado de Excepción, se llega a situaciones límite, en las que no es reprochable que, en circunstancias extremas y siempre que el propósito sea preservarlo, se llegue hasta la suspensión del ordenamiento jurídico. En este contexto se da el famoso debate Schmitt-Kelsen sobre la defensa de la Constitución.

Esta tesis, componente basal del sistema nazi, fue sustituida en Honduras por la Sala de lo Constitucional (defensora de la Constitución), atendiendo el proyecto continuista del señor Presidente, en aquella tristemente célebre sentencia, por la cual consagra el absurdo principio de que la Constitución puede ser declarada inconstitucional, arrogándose la potestad de derogar la Constitución, parcial o totalmente.

Soberano es quien decide sobre el Estado de Excepción, decía Schmitt; en circunstancias extraordinarias, por supuesto. En nuestro caso, sin embargo, el Estado de Excepción es la regla, en la que el soberano, discrecionalmente, decide cuándo apegarse al ordenamiento jurídico y cuándo seguir su capricho, con el apasionado acompañamiento de las instituciones, especialmente de aquellas cuyo deber es fijar, en cada caso, los límites que, desde una perspectiva general, prescribe la ley para la autoridad.

En nuestro sistema político- jurídico, el Estado de Excepción es la regla y la medida de excepción el arbitrio del señor Presidente, quien es, de hecho y de derecho, el soberano indiscutible.

Tiene razón el señor Presidente: “nadie está encima de la ley”, excepto él.

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