Congelados

17 NOV, 2017 - 12:25 AM

Por Julio Raudales

Hace ya tiempo que no escuchaba ni leía la frase “congelamiento de precios”, para referir una situación en la que se pretende beneficiar al público consumidor mediante la fijación del valor de algún bien o bienes de la canasta.

Creo que en 2013, durante el gobierno del presidente Lobo y en 2008 durante el de Zelaya, se habló de fijar el costo de algunos productos para evitar un alza desmesurada de algunos precios que, debido a la escasez o especulación, pueden afectar el bienestar, sobre todo de los segmentos más necesitados.

Esta vez tocó el turno al precio de los combustibles que han estado sujetos al vaivén de los movimientos internacionales durante los últimos meses. Lo extraño es que la Comisión Administradora del Petróleo (CAP) había informado el fin de semana pasado, que habría un aumento bastante fuerte en el costo de las gasolinas, a lo cual el gobierno, de forma súbita se opuso, decretando su “congelamiento” por un mes.

Antes de recordar el ominoso impacto que una medida de este tipo tiene para la economía en general, vale la pena reflexionar sobre cuál es la motivación detrás de la misma.

A veces los gobiernos toman este tipo de medidas de forma urgente, debido a una situación catastrófica, por ejemplo, después de un huracán, un terremoto o una guerra, se hace necesario decretar el congelamiento de los precios, para que la escasez no provoque inflaciones muy elevadas.

Las economías socialistas o muy intervenidas, lo hacen por principio moral. Consideran que el gobierno tiene el conocimiento suficiente de los costos de producción y transacción, como para determinar el valor objetivo de los bienes.

También es común que el gobierno determine el precio de un bien producido en un contexto de monopolio, pues ya sabemos que, en una situación de este tipo, el empresario tiende a abusar de su poder de mercado, por lo que es necesario que un estado vigilante del bien común defina el justiprecio.

Pero pareciera que ninguna de las situaciones anteriores encaja en la que vivimos actualmente en Honduras. ¡Creo que no vale ni la pena especular sobre cuál es la razón detrás de una decisión de este tipo! Se me hace muy burdo siquiera imaginarlo.

Creo que lo más importante es reflexionar en las posibles consecuencias de una medida de este tipo.

Hay que comenzar describiendo un hecho ineluctable: Existe una preminencia casi natural de las leyes del mercado sobre las jurídicas. La violación de esta máxima es la explicación de muchas de las catástrofes que han vivido los países a lo largo de la historia. Nicaragua en los 80 y la Venezuela de nuestros días, son ejemplos claros de empobrecimiento nacional, debido a la transgresión de un principio que es básico y universalmente reconocido.

El sistema de precios debería reflejar con claridad la valoración que la gente hace de las cosas que necesita. Cuando algo es importante para mí, yo sacrifico la posibilidad de comprar otras cosas para obtener ese bien o servicio tan preciado. Así es como los seres humanos determinamos nuestras prioridades.

Por supuesto que hay elementos como la buena información, la publicidad y la posibilidad de tener alternativas, que pueden influir de manera positiva o negativa sobre estas cosas.

Pero hay un elemento que es definitivo: Si el gobierno influye de forma artificiosa sobre mis decisiones, mediante impuestos confiscatorios o fijando precios, mi escala de valores se distorsiona y se instala en la sociedad una amenaza de inestabilidad que puede poner en precario el bienestar.

Toda medida de política económica tiene un costo y un beneficio. Si el primero es mayor, la recomendación es no adoptar dicha medida. Creo que las autoridades deberían de hacer esta pequeña evaluación de forma responsable, antes de poner en precario la estabilidad social de quienes les elegimos.