Pleito infecundo

Pleito infecundo
Redacciòn El Heraldo

No cabe duda que el gran reto de la Junta Nominadora es elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia que marquen una clara diferencia con lo que hasta ahora hemos tenido y que ha dado como resultado no solo grandes déficits en la correcta aplicación de la justicia (en medio de un desesperante clima de delincuencia e impunidad), sino también una completa falta de credibilidad en la institucionalidad del país.

Por lo tanto, no contribuye en nada a lograr ese cometido la infecunda confrontación que se pretende crear como reacción a las acciones del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) a fin de que en el proceso de escogencia de los futuros magistrados también se imponga la transparencia para que el pueblo hondureño esté plenamente informado tanto de lo que hace la misma Junta Nominadora como en lo relacionado con los aspirantes propuestos y autopropuestos, entre los que se encuentran muchos que conforman la actual Corte Suprema de Justicia, donde hubo destituciones y nombramientos muy cuestionados en 2012.

Incluso la oposición misma de algunos de los aspirantes a que se publique información, como por ejemplo la relacionada con el patrimonio, por considerar que eso representa un peligro para su seguridad personal y de sus familias, no solo pone en evidencia el imperio de la delincuencia y de la impunidad en Honduras, sino la falta de confianza en los operadores de justicia y el obvio temor a ser víctima de los delincuentes, lo que, por supuesto, le resta independencia a cualquier ser humano.

La cuestión es que los miembros de la Junta Nominadora, puestos allí por varios organismos públicos y privados, están obligados a cumplir la ley y a asegurarse que el proceso de selección de la nómina de 45 que deberán entregar al Congreso Nacional sea realizado de la forma más transparente posible, a fin de que goce de la credibilidad por parte del pueblo hondureño.

Se trata pues de hacer un trabajo minucioso para descartar a los menos idóneos, pero también de no ocultar nada (excepto, por supuesto, datos personales y familiares que no tengan relevancia alguna con respeto a la capacidad, voluntad, honestidad o deshonestidad de los aspirantes) y que toda esa información esté disponible para todos los hondureños. El propósito fundamental es, al fin y al cabo, seleccionar a los mejores hombres y mujeres para rectorar la impartición de justicia y no caer en pleitos infecundos que más bien distraen innecesariamente la atención del punto clave.