lícito global

10:12PM Por: Gustavo León-Gómez

En los últimos treinta años, el mundo ha cambiado de tal forma que todas las personas nos encontramos entrelazados por distintas redes que nos convierten en una comunidad global. Ya no es posible mantenerse aislado, las fronteras tienden a desaparecer y los países a unirse cada vez más en alianzas que buscan en forma conjunta enfrentar los retos y embates que el siglo XXI ha traído a la raza humana.

El crimen organizado no es la excepción y, de la misma forma que los negocios y actos de comercio electrónicos han tenido que ser regulados de manera transnacional considerando su ocurrencia en distintas jurisdicciones, los países han hecho frente común, a través de regulación de aplicación global, a los actos delictivos que más preocupan al mundo.

El aislamiento de esta tendencia, condena a cualquier país que se excluya por “soberanía propia” a no tener contacto con el mundo entero, a aislarse del desarrollo mundial, a no tener acceso a los servicios tecnológicos y financieros que las empresas globales prestan y a dejar de recibir el apoyo de los pueblos y gobiernos que han declarado la guerra contra el crimen organizado.

Es por esta razón que la idea de una soberanía relativa, que nos permita vivir “bajo nuestras propias reglas”, es una ventaja ilusoria frente a un principio global de supranacionalidad, que se materializa a través de la suscripción de tratados y convenios que obligan a los países a respetar y hacer respetar las reglas mundiales en contra de los crímenes de lesa humanidad.

Honduras ha suscrito, en distintos momentos, tratados y convenios mediante los cuales se obliga a cumplir con regulaciones que tienen como objetivo principal combatir el crimen organizado, así como evitar el uso de fondos originados en dichos ilícitos. Estos instrumentos internacionales, al haber sido suscritos y ratificados, se convierten en parte del derecho interno hondureño y, consecuentemente, de obligatorio cumplimiento para nuestras autoridades y para todos los ciudadanos.

En el análisis de estas situaciones, es importante entender que existen efectos colaterales que no serán agradables y, ciertamente, habrán personas que sufrirán injustamente las consecuencias de tener vínculos con aquellas personas que sean señaladas por estas actividades.

Como abogados hondureños, somos de la opinión que todo hondureño debe beneficiarse de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República y que son desarrollados en sus leyes. La presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho de defensa y demás. Pero también sabemos que estos principios constitucionales, como muchos otros que establece la Constitución, no son absolutos y pueden en determinados casos quedar superados por otros derechos que prevalecen en función del interés público.

La decisión de asegurar bienes que puedan estar vinculados al crimen organizado no implica la renuncia de los acusados a sus derechos en la cortes hondureñas, en donde podrán defenderse como cualquier otra persona para demostrar su inocencia, ni tampoco implica la liberación de una gran responsabilidad que las autoridades asumen cuando toman la decisión de intervenir la propiedad privada por considerar que existen elementos suficientes para temer que esta pueda ser liquidada o transferida con la intención de evitar su confiscación.

Las autoridades deben saber que, para tomar estas decisiones, deben hacer un análisis muy detenido pues sus actos, como los de todo servidor público, están sujetos al principio de legalidad y serán responsables penal, civil y administrativamente si abusan de la autoridad que el Estado les ha conferido o actúan negligentemente.

Otra cosa aparte son los efectos que las decisiones que otro Estado tome tengan sobre los bienes de las personas acusadas en otras jurisdicciones. Nuevamente recapitulamos sobre lo dicho al inicio en cuanto a la vinculación inevitable de los actos que ocurran fuera de nuestras fronteras debido a los vínculos globales que todas las empresas mantienen en la actualidad.

Al final, todos estos elementos se unen para crear los incentivos y desincentivos necesarios para que las personas y empresas actúen con la prudencia necesaria al momento de determinar con quiénes se vinculan personal y comercialmente. Estamos seguros que todas las empresas hondureñas, a partir del precedente establecido en la actualidad, revisarán minuciosamente sus políticas de conoce tu cliente y de gobierno corporativo a fin de no incurrir en riesgos que puedan poner en juego su patrimonio y su prestigio.