Prevención del delito

8 ABR, 2017 - 12:04 AM

Por: Jorge Valladares Valladares
vbis68@hotmail.com

Cada mañana que abrimos el diario en nuestro país, abundan hechos delictivos, en un porcentaje de ellos, involucra a menores de edad como actores del mismo. ¿Qué lleva a jóvenes a cometer actos contrarios a la ley? Pregunta que ha generado diversas teorías y doctrinas para responder al ilícito desde una perspectiva integral y reparadora.

La respuesta desde el Estado generalmente es represiva, esto es a través de las fuerzas policiales y el procedimiento judicial, que termina indefectiblemente en la privación de libertad. Desde que inicié mis estudios en la Facultad de Derecho sé como premisa, que el Derecho Penal no es el instrumento de respuesta a la problemática social que está tras la comisión del delito, el Derecho Penal es represivo y de control social. No es la respuesta al factor que origina el delito, sino el castigo en sí mismo.

¿Quién debe hacer prevención del delito? Sin duda el Estado, pero desde instituciones específicas, creadas al efecto. No es el juez, no es el fiscal, no es el agente policial, como se suele creer, sus roles se deben concretar a administrar justicia. La institucionalidad de prevención es diversa, comprende desde aquellas que formulan políticas públicas, asignan presupuesto y ejecutan acciones que atienden a las causas sociales que generan hechos delictivos y otros factores subyacentes. En nuestro escenario debe comprender instituciones relacionadas con niñez, mujer, tercera edad, grupos étnicos, infraestructura social, educación, salud, etc.

Juan es un niño infractor, guarda el cumplimiento de medida privativa de libertad ordenada por un juez hace dos años, invariablemente como otros adolescentes que le acompañan, proviene de un hogar sostenido generalmente por una mujer, su padre ausente, su madre se dedica a labores en el sector informal, él completó solamente primaria, trabaja en diversas labores para contribuir con la economía familiar, ingresó a una pandilla en forma forzada, ya que ningún adolescente en su comunidad puede escapar a militar en estos grupos, su comunidad no tiene los servicios públicos y participó en un robo junto con otros amigos. Carece de apoderado legal, ignora el estado de su causa y espera cumplir la medida para retornar al mismo ambiente familiar y comunitario que lo llevó a la infracción a la ley. En el centro no hay programas de rehabilitación y reinserción social, su familia no lo visita. Este es el común relato que encontramos en los centros de adolescentes privados de libertad.

Entonces, ante esta compleja realidad, ¿cómo hacer prevención? No hay respuestas sencillas, pero es similar al desafío de romper con el círculo de la pobreza. Intervenciones gubernamentales acompañadas de organizaciones sociales, intencionadamente dirigidas a generar oportunidades educativas, laborales, de recreación, desintoxicación ante uso de drogas, abordaje acompañado de la violencia, entre otras. ¿Existe en nuestro país este tipo de políticas y programas?

Se estima que en Honduras los NINIs, adolescentes que ni estudian, ni trabajan superan el medio millón, esto es en una imagen gráfica, 20 estadios nacionales repletos de jóvenes sin oportunidades. Un ejército completo, desafiante ante un estado que debe priorizar recursos, disminuyendo los gastos en defensa y seguridad e incrementarlos en programas que generen oportunidades y desarrollo. El ejemplo de este tipo de decisiones orientadas al desarrollo humano en otros países vecinos es claro. El desafío está frente a nosotros, los datos son contundentes, Honduras necesita políticas sociales altamente eficaces ante esta dramática realidad que compromete nuestra democracia y paz social. Detrás del delito hay una emergencia humanitaria que atender.