Controlando los partidos políticos

24 ABR, 2017 - 12:02 AM

Por:  Israel Romero Puerto
Juris Doctor (jurista internacional) PhD – israel09r@yahoo.com

El gobierno de Honduras, a través del Congreso Nacional, está tratando de empanelar un cuerpo colegiado compuesto por tres comisionados que se encargarán de vigilar el cumplimiento de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, y especialmente la recién promulgada Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los partidos políticos legalmente inscritos, de los candidatos en los tres niveles de servicio público, y de candidatos independientes.

Se reportan 17 aspirantes a esa Comisión del Tribunal Supremo Electoral, entre los cuales hay abogados -en su mayoría-, peritos mercantiles, doctor, ingeniero y periodista.

Sin embargo, entre los aspirantes resalta la presencia de un jurista internacional, Doctor en Leyes y Doctor en Filosofía -además de tener una maestría en Administración de Negocios, y maestría en Liderazgo Educativo-. Los cuatro títulos de post-grado obtenidos en Estados Unidos, con larga trayectoria en la práctica de leyes internacionales y de migración en Estados Unidos, y con práctica legal en Honduras.

Encima de lo anterior, el citado candidato es abogado y consejero de leyes de la Corte Internacional de Negocios de Estados Unidos, con sede en New York, y de la Corte de Apelaciones para el Circuito Federal americano.

Se dice que este candidato es experto en leyes nacionales e internacionales, además de ser conocedor de la situación de los partidos políticos y sus candidatos, con criterio para juzgar cada situación, pues ha estado ligado a la práctica del periodismo desde hace 48 años, siendo actualmente editorialista de televisión y de este rotativo.

De conocimiento público es el problema surgido dentro del Partido Anti Corrupción (PAC), entre el ingeniero Salvador Nasralla y la abogada Marlene Alvarenga. De Nasralla no se conoce denuncia alguna con relación a los fondos del PAC, pero hay una seria denuncia contra Alvarenga, surgida a raíz de que su esposo es pariente de “Los Cachiros” dentro del cuarto grado de consanguinidad, y ella a través de su matrimonio es pariente “Cachiro” en el segundo grado de afinidad. Es decir, para la ley, los dos son “Cachiros”.

Para la nueva comisión del TSE, la denuncia a investigar es relacionada con los fondos provenientes para la campaña de Alvarenga, porque la denuncia apunta a que provienen del dinero mal habido por “Los Cachiros”. Solo a través de una investigación oficial se sabrá si la denuncia tiene mérito o no. Esa es una “papa caliente” para esta comisión en cuanto sea empanelada.

Un segundo caso a investigar sería el de Xiomara Castro, candidata oficial a presidente del país por Libre. Xiomara se divorció de “Mel” Zelaya a través de un tribunal hondureño para poder ser candidata a la presidencia en las elecciones del 2013. Ella y “Mel” siguen haciendo vida marital de hecho. En Honduras es legal el matrimonio de hecho, por lo cual ellos siguen siendo esposos. Como “Mel” reclama que en Honduras no hay ley de reelección, habría que investigar la situación para esclarecer cualquier duda. Hay pregunta de transparencia.

Sabemos que la mayor preocupación de este jurista internacional es que se avizora un triunfo del actual Presidente Hernández el 26 de noviembre. Sin una ley de reelección, y sin ningún tipo de regulación, esa reelección de Hernández sería inconstitucional. Es decir, que a partir de enero 2018, Honduras tendría un presidente inconstitucional, y el país dejaría de ser una “república”. Analicemos:

Se argumenta que la Corte Suprema de Justicia enmendó la Constitución para permitir la reelección. Ese argumento es nulo porque la Constitución solo puede ser derogada, interpretada, modificada, enmendada o remendada, por el Congreso Nacional. Eso lo confirmó recientemente el Presidente Hernández cuando le preguntaron la derogación del artículo mordaza. Sus palabras fueron: “Eso solo lo puede hacer el Congreso Nacional”.

Para su beneficio, le diremos que la Constitución de Estados Unidos, un país de derecho común, no puede ser enmendada por la Corte Suprema de Justicia de aquél país. Esa Constitución tiene 7 artículos, y 27 enmiendas, que juntas se llaman “Bill of Rights” es decir Ley de Derechos. La mayoría de esas enmiendas han surgido teniendo como base las decisiones de la Suprema, pero el Congreso americano tuvo que legislar para decretar esas enmiendas. Lo mismo es en Honduras.

Este jurista internacional conoce los mecanismos legales necesarios para aprovechar la decisión de la Suprema hondureña en el caso Callejas, que pavimentó el camino para enmendar la Constitución y crear una ley de reelección, que por ser ley especial, traería incluido su reglamento. El gobierno americano espera ver esa ley antes del 26 de noviembre, para poder reconocer una posible reelección del actual Presidente Hernández. Hay tiempo de sobra para promulgar esa ley, de unos 12 artículos, y este jurista internacional sabe cómo hacerlo, porque a raíz de la decisión de la Suprema en el caso Callejas, no se necesita un plebiscito.

Nosotros opinamos que el Presidente Hernández y su equipo de asesores deberían poner a un lado su orgullo y soberbia, y contactar este jurista internacional para que les ayude a resolver la situación. Además opinamos que este jurista internacional está en capacidad y deseo de ser comisionado del TSE, para ayudar a resolver los escollos planteados por los partidos políticos, y a velar porque de verdad haya transparencia no solo en este proceso electoral de noviembre 26, sino que en los que están por venir en el futuro.