La seguridad nacional, un concepto difuso

24 MAY, 2017 - 12:01 AM

Por PG. Nieto
Asesor y profesor CISI

El grave problema de la inseguridad que por años lastra a Honduras para salir del subdesarrollo, ha tenido una piedra angular llamada “sistema penitenciario”. En las cárceles las pandillas establecieron sus cuarteles generales y continuaron con sus actividades delictivas de extorsión, narcotráfico y muerte, bajo la protección involuntaria del Estado pero consentida y amparada por custodios y autoridades corruptas.

Este cáncer afortunadamente está remitiendo gracias a la decidida política de la actual administración nacionalista, lo que no significa que no se detecten debilidades que deben afrontarse rápidamente para evitar que la tendencia exitosa se ralentice, incluso revierta; para ello es imperativo delimitarlas y establecer las estrategias adecuadas.

Recientemente 18 pandilleros se fugaron de la Penitenciaría de Támara horas antes de ser trasladados al Pozo II en Morocelí, y como en inteligencia las casualidades hay que ponerlas en cuarentena, es muy probable que los pandilleros conocieran dicha información y precipitaran su evasión. ¿Qué medidas de compartimentación implementaron las autoridades que planearon la estrategia y gestionaron el traslado? Desde ahí debe buscarse a los responsables de la filtración.

Premisa: Los recursos materiales y humanos que el gobierno está invirtiendo para resolver el problema de la inseguridad son significativos, pero hay sectores como el de las prisiones cuyos resultados no estaban en consonancia con el gasto. Construir cárceles de máxima seguridad era imprescindible para el control de los presos y la reducción de los niveles de inseguridad, pero el gobierno no puede sine die destinar recursos millonarios a este sector sin abordar la parte preventiva del problema, pues es imprescindible cortar el flujo de la incorporación de nuevos delincuentes generados en parte por nuestro injusto modelo de sociedad excluyente.

Se debe entender que por muchas medidas de seguridad que tenga una cárcel, detrás de cada protocolo se encuentra un ser humano que lo gestiona. Un funcionario que toma decisiones y conoce las debilidades del sistema para puentearlo. Todos los seres humanos, repito todos, nos movemos por incentivos y motivaciones, tenemos lastres y vulnerabilidades. Por lo tanto, es necesario establecer protocolos de control y seguridad no solo para los presos, sino también para los funcionarios. Trabajar en un centro penitenciario requiere de un perfil específico, formación especializada, salario digno acorde a las responsabilidades y sacrificios, así como un proyecto de carrera profesional atractivo. Obligar a estructuras militares y policiales a que asuman responsabilidades para las que no han sido capacitados para luego responsabilizarlos de los errores, cesarlos y expedientarlos es injusto e inmoral. Al menos habría que realizar una auditoría forense para determinar si sus responsabilidades son por malicia, negligencia o falta de formación, en este último supuesto los primeros cesados deben ser las autoridades y políticos que diseñaron la estrategia. En artículos anteriores escribí sobre algunas de las debilidades de la administración del Estado: abuso, desuso y mal uso.

Estos días pasados los medios de comunicación y tertulias políticas profusamente han tratado la fuga de la prisión de Támara. Observé la presencia de autoridades penitenciarias, policiales y militares; también la de expertos en seguridad, abogados, defensores de derechos humanos, etcétera, quienes especularon sobre nuestras debilidades en materia de seguridad, la corrupción e impunidad que impera en el sistema penitenciario.

Lamentablemente no detecté la presencia de algún miembro del Servicio de Inteligencia Nacional (DNII), o bien de expertos en inteligencia de otros entes, lo que definitivamente confirma que no se conoce la manera de situar la inseguridad en niveles similares a países desarrollados.

Este grave problema de Estado no se resuelve desde las competencias de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, o Ministerio Público, aunque son coadyuvantes. Se trata de un asunto de seguridad nacional y es la inteligencia del Estado la competente para liderar la respuesta a la amenaza o agresión. Hasta que el Servicio de Inteligencia no asuma la dirección, planeamiento, coordinación y gestión de la información para elaborar informes de inteligencia, generación de estrategias, operaciones de captación e infiltración que penetren las redes criminales recolectando información sensible, que posteriormente permita al Ministerio Público generar expedientes judiciales y a los entes como Fusina neutralizar dichas estructuras, no resolveremos el problema. Otra cuestión es si actualmente la DNII dispone de los medios materiales y niveles de especialización en sus agentes operativos necesarios para afrontar operaciones que podemos adjetivar como de “muy sensibles”.

Solo hay que revisar la historia de países democráticos que sufrieron por décadas graves ataques contra sus estructuras de seguridad lastrando su desarrollo armónico. Hasta que los servicios de inteligencia no asumieron el liderazgo que les correspondía no se neutralizó la violencia y desarticularon las estructuras criminales. Recordamos a Francia frente a la OAS; Italia frente a las Brigadas Rojas; Inglaterra frente al IRA; Alemania frente a la banda Baader-Meinhof; o España frente a ETA, a modo de ejemplo.