Manifestación obrera o marcha política

Manifestación obrera o marcha política

Por: Armando Cerrato
La tradicional conmemoración del Día Internacional del Trabajo, el pasado 1 de mayo en Honduras no fue como en otras oportunidades una verdadera demostración de fuerza obrera organizada pese a que las tres centrales de diversa orientación política, doctrinaria e ideológica decidieron marchar unidas en varias ciudades del país.

Según observadores y analistas del acontecer nacional, la afluencia a todas las marchas fue muy poca en comparación con las de años anteriores, siendo similar únicamente en las consignas, leyendas de las pancartas, discursos de sus líderes y los problemas abordados.

Para los expertos en sociología y psicología de masas, el movimiento sindical hondureño se encuentra de capa caída, moral baja, prácticamente castrado por la alta politización de los sublíderes que se niegan irreverentemente a ceder su espacio a generaciones de relevo, que podría en algún momento darle mayor beligerancia al movimiento, al cual, el gobierno de turno le ha arrebatado las banderas.

Dirigentes sindicales habían advertido que la marcha sería única y exclusivamente de índole laboral porque las masas no querían a politiqueros haciendo demagogia y derrochando populismo aprovechando el acto conmemorativo de una masacre de líderes en Chicago hace varias décadas.

Sin embargo, en la marcha de Tegucigalpa se presentó José Manuel Zelaya Rosales montando una bicicleta y Salvador Nasralla acompañado de su esposa; tanto Zelaya como Nasralla dijeron ser trabajadores de tiempo completo y por eso tener el derecho de marchar solidariamente en el Día Internacional del Trabajo y que si alguien les pidiera que abandonaran la marcha lo harían con gusto.

Sin embargo, el dirigente campesino y diputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre) de José Manuel Zelaya Rosales, Rafael Alegría, cedió la palabra a su líder quien, ni corto ni perezoso aprovechó la ocasión para hacer proselitismo y seguir martirizándose como víctima de un golpe de Estado insinuando con una especie de revanchismo que podría volver al poder.

La politización de la marcha obrera también tuvo consecuencias de violencia vandálica de baja incidencia al ser apedreada la sede del Partido Nacional de Honduras que contó con fuerte resguardo militar y policial ya que el año pasado en una conmeración similar a la de hoy alguien lanzó un coctel molotov en su interior y provocó un incendio.

En su mitin en el Parque Central de Tegucigalpa las centrales obreras unificadas leyeron un largo y tedioso pronunciamiento, listando en él lo que a su juicio ha sido un actuar negativo en contra de la masa obrera y campesina hondureña del gobierno de turno, al cual consideran apegado a un modelo de capitalismo neoliberal populista que solo daño causa a la gran mayoría del pueblo hondureño.

Según los obreros, se han impuesto altas tasas en todos los servicios públicos, que además están siendo privatizados aceleradamente, se cobra peaje múltiple en las carreteras, hay un alza casi incontrolada en el precio de los combustibles y a la carretilla de la construcción, la canasta básica está por las nubes, los salarios estancados y lejos de un crecimiento en el empleo el gobierno ha despedido miles de trabajadores de las empresas que antes eran el sostén de la economía nacional pero que poco a poco se van entregando a manos privadas o son declaradas en quiebra para cerrarlas en un proceso de descentralización.

Se criticó que el gobierno crea el empleo por hora para evitar el cumplimiento de las leyes laborales que por un momento se consideraron las más avanzadas de América Latina y hoy se encuentran como papel higiénico en cualquier sanitario.

Otra de las condenas obreras fue a los sistemas de salud y educación, los cuales son sumamente deficientes y poco a poco el Estado ha ido abandonando la responsabilidad constitucional de ser su tutelar al cien por cien, los líderes obreros finalmente condenaron la violación constitucional efectuada por la Corte Suprema de Justicia al permitir con un fallo improcedente la reelección presidencial a la que está abocado en la actualidad el gobierno de turno.

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