Justicia cuestionada

Justicia cuestionada
Editorial El Heraldo

El abogado Teodoro Bonilla ha sido cuestionado públicamente por jueces, funcionarios judiciales y organizaciones no gubernamentales por su rol como vicepresidente del Consejo de la Judicatura ya que, según las denuncias, en vez de contribuir a fortalecer la independencia de los jueces más bien ha pretendido subordinarlos no solo a los caprichos e intereses de la cúpula del Poder Judicial sino también a los del Poder Ejecutivo.De hecho, en el caso específico del periodista David Romero, acusado de difamación e injurias, el propio juez José Dimas Agüero Echenique, quien después de la renuncia de un togado y las excusas de otras dos, llevaba el caso, denunció que Bonilla lo llamó a su oficina para pedirle que “me eche una mano” porque “el hombre quiere que el periodista sea condenado”… “pero no solamente lo quiere condenado, él lo quiere ver preso para que esto sirva como algo disuasivo, algo amedrentador en contra del otro pendejo”. Según el juez Agüero Echenique, “el hombre” es el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, y el “otro pendejo” es un periodista y diputado opositor.

Ahora resulta que el propio Ministerio Público ha tomado algunas de esas denuncias, las ha investigado y ha presentado requerimiento fiscal ante la Corte Suprema de Justicia ya que quien actúa como titular del organismo encargado de adecentar la justicia más bien habría incurrido también en el abuso de autoridad y tráfico de influencias a favor de unos parientes que habían sido capturados por la Policía, denunciados por lavado de activos, almacenamiento de armas comerciales, armas prohibidas y municiones comerciales.

En este mismo requerimiento se acusa por abuso de autoridad y prevaricato a la magistrada de la Corte de Apelaciones, Delmis Elizabeth López, y a la jueza con Jurisdicción Nacional, Liz María Núñez, por tráfico de influencias. La Fiscalía pidió en el escrito abrir antejuicio contra los tres funcionarios.

Bueno, el caso ya está en el órgano correspondiente, por lo que resulta plausible la acción del Ministerio Público. Falta que saber ahora cómo actúa nuestra cuestionada justicia.

Además de permanecer a la expectativa en este caso, que contradice los cambios positivos que todos quisiéramos ver, es importante también mantener el dedo en la llaga para evitar que de nuevo se elijan magistrados a la Corte Suprema de Justicia que por tener “techo de vidrio”, por displicencia, incapacidad, ineptitud, cobardía o politiquería estén sumisos a otros intereses y no a los de la justicia, la democracia y la patria.