Corrupcion, impunidad y justicia

Corrupción, impunidad justicia
Ramon Custodio

Si en una sociedad hay corrupción sin castigo de todos los corruptos, que son minoría, porque se castiga solamente a los que han perdido el favor político, ese no es el final de la injusticia que ofende a la mayoría de los honestos, sino el origen de otra injusticia. Ese estado de cosas en Honduras es causa de indignación, agotada la paciencia de los honestos que son mayoría.

En Guatemala la gente honesta protestó con los resultados conocidos, la vicepresidenta fue destituida y apresada en una cárcel que ella había misma había inaugurado; un presidente de la República fue destituido para enjuiciarlo por supuestos actos de corrupción. Todo lo cual fue posible porque funcionó la independencia entre los Poderes del Estado y la institucionalidad propia del Estado de derecho, social y democrático.

Una figura pública dijo que en Honduras es diferente; coincidimos porque aquí el creador de la crisis política, social y económica, vino destruyendo la independencia de todos los entes contralores del Estado, creando el régimen de su poder absoluto.

La injusticia como sistema no es nada nuevo en Honduras. Hay quienes recuerdan que el general Carías le abría proceso a sus oponentes para inhabilitarlos políticamente, lo cual era posible por el sistema inquisitivo de entonces.

Aquí la justicia no pagada siempre ha sido lenta y puede dársele vuelta a todas las instancias ganadas, por una sentencia bien pagada en la Corte Suprema de Justicia.

Costó mucho dinero y tiempo cambiar el sistema inquisitivo por un sistema garantista que también tiene sus problemas, como ese de las medidas cautelares, los testigos protegidos, los requerimientos fiscales, la defensa pública, la dependencia de los fiscales y de los jueces, instancias contraloras a cargo de personas de dudosa idoneidad profesional y ética, entre otras.

Un juez le fija una fianza millonaria al supuesto corrupto o a otro delincuente de cuello no tan blanco, para no mandarlos a la cárcel. El acusado la paga y queda gozando de libertad condicional, sin que al juez le preocupe el origen de ese dinero, que hasta puede ser producto de la misma corrupción que juzga. Un pobre, tan honorable que su palabra puede valer más que esos millones mal habidos, hasta “blanqueados”, no tiene el mismo privilegio lo que se suma a las inequidades que aquí sobran.

Los fiscales pueden ser tan deshonestos desde que hacen del requerimiento fiscal un yerro del entendido por el que cobran, como también cobran por filtrar el nombre de un testigo protegido que luego sufre un atentado o es asesinado; o hacen una rutina redundante y necia de los recursos a su alcance, convirtiendo la justicia en un mecanismo de persecución política o de extorsión, según convenga. Pocas personas saben que pueden o no ejercer el derecho a la acusación privada, costosa y no siempre idónea y eficiente; de modo que el Ministerio Público ha hecho un monopolio del requerimiento fiscal.

La Defensa Pública es víctima de la exclusión presupuestaria dentro del sistema de justicia, que deja de ser un apropiado sistema por ello.

La Junta Nominadora tiene una gran tarea y la oportunidad de lograr la lista de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, escogiendo a los magistrados más idóneos profesionalmente y con la entereza de carácter para desempeñarse con independencia y ecuanimidad.

Por ello debe atender la Resolución 002-2015 del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), para que cada sector representado muestre al público el registro de los archivos cargados con la lista de nominados, porque así cada persona en pleno goce de sus derechos puede presentar la documentación que pruebe actos profesionales deshonestos de los pretendientes. A mi parecer, no deben publicar las actas de lo tratado en cada sesión, porque están en el delicado proceso de seleccionar una lista final que deberá recibir el Congreso Nacional, que es la que debe conocerse.

Todos debemos hacer que el pueblo hondureño sea un pueblo bien informado, condenando con la magistrada Imelda Madrid la política de secretos de Estado para encubrir actos indebidos.