Estado de derecho y abuso de poder

25 OCT, 2017 - 12:11 AM

Por Aldo Romero
Periodista y catedrático universitario

Un estado de derecho, es el modelo mediante el cual, los ciudadanos de un país, deciden regular sus actuaciones personales, públicas y privadas, mediante las leyes vigentes y a las que deben someterse absolutamente todos por igual y sin ningún tipo de preferencias o tratamientos especiales.

Mediante el respeto a las normas legales, y a su correcta aplicación, es que un país puede encontrarse con niveles de convivencia justos e igualitarios para todos los ciudadanos, sin limitar sus derechos y creando responsabilidad para con sus deberes.

El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la ley pero también de someterse a ella como el marco regulatorio que le establece los límites para ejercer el poder, la ley por tanto, es la base fundamental para el efectivo y correcto funcionamiento del Estado, nada ni nadie debe estar por encima de la ley, porque si así fuera, el estado de derecho se convierte en un estado absolutista, en donde quien tiene el poder, hace uso indiscriminado para ordenar y mandar a su gusto y sin controles.

Nada más peligroso para un país en donde el estado de derecho se ve violentado de manera continua, por un lado por las ejecutorias gubernamentales que protegen los derechos de unos pero permiten que se violenten los de otros, o porque la ley hace distinciones y se aplica de manera diferente dependiendo del grado de influencia política o económica que tenga el encausado.

Más peligroso aún cuando es el mismo gobierno el que irrespeta la ley o la aplica a su conveniencia, o cuando los poderes del Estado no son independientes y complementarios, sino que el Legislativo y el Judicial han sido sometidos, infiltrados y controlados desde el Ejecutivo con intenciones de poder absoluto.

El estado de derecho se debilita cuando no hay una cultura de transparencia y de rendición de cuentas, cuando se pierde la majestad y el imperio de la ley, cuando la Constitución de la República no es más que simple retórica desvalorizada y desactualizada, ante el irrespeto a la ley prima el caos, la anarquía y el descontento social, la corrupción y la pobreza y las sociedades tienen muy pocas posibilidades de mejoría en sus condiciones de vida.

La igualdad ante la ley y el irrestricto cumplimiento de la misma, debería de ser la prioridad de todo gobernante y autoridad en una nación, los ciudadanos por su parte, están obligados a manifestarse y a exigir que desde el poder surjan ejecutorias congruentes y acordes con los sistemas legales establecidos con el fin de evitar que sus autoridades abusen constantemente del poder.

El futuro de un país no puede estar en manos de gobernantes que no son capaces de velar por el beneficio de sus ciudadanos, que abusan indiscriminadamente del poder otorgado, que utilizan los recursos estatales a su antojo y sin control ni auditoría, que protegen a los poderosos y castigan a los humildes, que pasan por alto la ley y ejercen autoridad de manera arbitraria.

En las últimas décadas, los mismos ciudadanos, hemos sido testigos cómplices de una clase política que ha demostrado de manera categórica, que no le interesa, ni le preocupa, lo que la ciudadanía piense de ellos, particularmente por sus reiteradas y múltiples formas de violentar la ley, al fin y al cabo, la justicia depende de ellos mismos, se han convertido en juez y parte, son los políticos los que hacen, reforman, cambian y violan la ley cuantas veces sea necesario, todo por el afán de satisfacer y responder a sus propios intereses.