Cataluña, la versión española de nuestra “Cuarta Urna”

4 OCT, 2017 - 12:01 AM

Por PG. Nieto
Asesor y profesor CISI

En España se está produciendo una fractura social a cuenta de “lo que está pasando en Cataluña”. Un 33% de la sociedad catalana desea independizarse de España, arrastrando al otro 67% contra su voluntad. La situación está generando una enorme desestabilización política y una fractura social no conocida desde los tiempos de la muerte del general Francisco Franco y la instauración nuevamente de los partidos políticos. Algo parecido a lo que pasó en Honduras con la llamada “Cuarta Urna”.

Una premisa: El problema de Cataluña es de España, de la que Cataluña -hasta el día de hoy- forma parte. Dos millones trescientos mil separatistas, Cataluña tiene unos7M de habitantes, no pueden decidir por una parte del territorio nacional que pertenece a 47M de españoles. Por lo tanto, España no puede quedar al margen de una decisión que afecta a todos, la independencia de una parte de su territorio. Si hay que votar, todos los españoles votan, no solo los catalanes. Las autoridades catalanas no pueden pretender irrespetar la ley, ningunearla, y establecer sus propias reglas del juego de manera unilateral. Hay un dicho: “Lo que no es no puede ser y además es imposible”.

Con un burdo neolenguaje, los separatistas pretenden minimizar la ilegalidad de su consulta diciendo que “nadie puede oponerse al derecho democrático que tiene toda persona de ejercer el voto”. Es cierto, pero solo alumbran la mitad de la escena, la otra mitad establece que el voto se ejerce dentro del marco legal que fija las reglas que la ley establece, que no son las particulares autonómicas, sino las constitucionales. Negro sobre blanco: “Ninguna parte de un todo puede decidir sobre la parte al margen del todo”. Esto es tan sencillo de entender y asimilar, como el mecanismo del chupete.

En Cataluña se ha producido un intento de golpe de estado, puro y duro. Las autoridades catalanas desafían el estado de derecho, el marco legal y constitucional al que están sujetos. Demasiada paciencia y capacidad de dialogo ha presentado el gobierno de Mariano Rajoy. Igual pasa con el Poder Judicial, magistrados y Tribunal Constitucional, que llegado el momento de ruptura no han tenido el valor de aplicar la ley, esto es, proceder a la detención de las autoridades que han provocado este relajo y aplicarles el código penal. Nadie está por encima de la ley, los políticos autonómicos tampoco.

Veamos otro escenario. ¿Qué le pasaría a Cataluña al día siguiente de independizarse de España? Alumbremos:

– Automáticamente se situarían fuera de la Comunidad Europea (CE). En ella se encuentra España, pero si Cataluña ya no pertenece a España resultaría que ya no pertenecería a la Comunidad Europea. Lógica de silogismo. Este argumento ha sido expresado públicamente y con lujo de detalles por las autoridades de la Unión Europea.

– Un tercio de lo que produce Cataluña lo recibe el resto de España. Pasaría a convertirse en una “exportación al extranjero”, aranceles e impuestos nuevos que ahora no soporta. Para España sería más barato importar esos productos del resto de países comunitarios que de Cataluña, un país que no sería comunitario. Igual pasaría si Cataluña quisiera exportar sus productos al resto de países de la CE.

– Cataluña es el motor industrial de España, casi una cuarta parte de su producción total radica allí. Por ejemplo, hay 3,588 filiales de empresas multinacionales dando trabajo a cerca de 350,000 personas. Empresas como Volkswagen-Seat, Nissan, Nestlé, Basf, Danone o Unilever tienen allí su sede, las cuales buscarían otros lugares de ubicación en España, para continuar dentro de la CE. El paro golpearía a la sociedad catalana.

– No tendrían moneda. Cataluña quedaría fuera de la eurozona y si quiere continuar con la moneda tendría que negociar con la CE, el veto de un solo país (el de España por ejemplo) les dejaría fuera del euro, teniendo que generar su propia moneda.

– Cataluña tiene una deuda con España de 52.500 M€, la más alta respecto del resto de comunidades autonómicas. Pasaría a ser deudor o prestatario respecto a su acreedor extranjero, España. El mercado de deuda catalán quebraría, nadie compraría bonos.

– El fútbol club Barcelona, con un presupuesto de 695 M€, no tendría liga en la que jugar. El resto de equipos catalanes, que militan en divisiones inferiores de igual forma quedarían fuera de la liga española. Sus estrellas internacionales rápidamente buscarían la forma de rescindir sus contratos buscando equipos en ligas importantes, como la española. Las pérdidas millonarias lo harían insostenible.

– Etcétera.

Esto de Cataluña y su “derecho democrático a decidir su futuro” recuerda la fractura política y social del 2009, cuando desde el Poder Ejecutivo se articuló la consulta popular de la “Cuarta Urna” con un planteamiento similar, vulnerando el marco legal, la Constitución, y fracturando a la sociedad.

Se dejó de lado al TSE, órgano competente por ley para la consulta al soberano, para sustituirlo por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) un ente sin respaldo jurídico para una “encuesta no vinculante”, pero a la par ocultaron un decreto ejecutivo fechado el día 26.06.2009 que vinculaba el resultado de la consulta con el establecimiento inmediato de una Asamblea Constituyente. En Cataluña pasa algo parecido, salvando las distancias. La diferencia es que todavía el Poder Judicial en España no se atreve a aplicar la ley, a detener a las autoridades autonómicas por delincuentes, meterlas en un avión y mandarlas para Costa Rica…, el pijama que se lo pongan allí.