Olor a trampa

19 SEP, 2017 - 12:25 AM

Por Juan Ramón Martínez

La CICIG de Guatemala no sirve para mucho. Puede derribar jueces, encarcelar presidentes; pero no fortalecer la institucionalidad, consolidando instituciones, y capacitándolas para el manejo de los conflictos que, son inherentes a la vida democrática. El incidente ocurrido en la Plaza de la Constitución en ciudad Guatemala y asalto al Congreso, confirma que la labor del colombiano Iván Velásquez, solo sirve para animar la protesta, estimular el irrespeto y para consolidar la idea que, en sociedades como la de Guatemala, lo correcto, es hacerse justicia “por su propia mano”. En primer lugar, no basta para fortalecer la institucionalidad de una sociedad –dañada por la lentitud del mestizaje y por la nula participación indígena–, el fortalecimiento de la Fiscalía. En el caso de Guatemala, la Fiscalía es un instrumento mortal, en manos del magistrado Velásquez, una suerte de virrey, que se regodea, en la especialidad de derribar presidentes, llevando sus cabezas sangrantes a su país, para favorecer sus aspiraciones políticas. Que, en vez de fortalecer a la judicatura, ha logrado que la Fiscalía General, sustituya sus competencias jurisdiccionales, para de ese modo, imponer sus caprichos. Y quedar bien con las Naciones Unidas que se agiganta, sometiendo y debilitando, a las naciones pequeñas, por medio del encarcelamiento de sus gobernantes. Y anima motines en la calle, incitando al relajo, para evitar la celebración de las fiestas patrias, mientras no levanta un dedo en contra de Venezuela; ni tampoco hace propuestas para que Trump, deje de amenazar y ofender a los mexicanos y a los centroamericanos.

En segundo lugar, hay que reconocer que el destino de nuestras naciones, no se puede entregar en manos de “extranjeros” que, usen a las Fiscalías Generales, para imponer sus caprichos y debilitar en la práctica, los esfuerzos que se han hecho para favorecer el desarrollo de sociedades pequeñas, como es el caso de Guatemala. Si algo hay que corregir o perfeccionar, tienen que hacerlo las fuerzas políticas, las clases medias, los empresarios y los intelectuales. No se puede confiar el destino de nuestros países, en manos de burócratas extranjeros que, no tienen por qué querer lo mejor para nosotros. Ellos buscan sus propios beneficios, y catapultar sus imágenes políticas, de cara a sus pretensiones presidenciales. O para evitar, que les exijan rendición de cuentas por acciones ejecutadas durante sus mandatos ministeriales o de judicatura, en sus propios países.

En Honduras, algunos ingenuos quieren que la MACCIH –cuyo carácter de misión de apoyo pasan por alto– se vaya del país. O se convierta en otra CICIG. Confundiendo el fortalecimiento de la institucionalidad, y negándole a los hondureños, el derecho de poner y quitar a sus presidentes. En recta aplicación de la ley, como en 2009.

Los piropos del vocero de la MACCIH, al fiscal general, me huelen a trampa. Parecen apuntar a darle gusto a los que quieren que aquí, encarcelemos a los expresidentes, no en función de hacer justicia, sino que para crear espectáculos y proyectar la sensación que se derrota a la impunidad. No creo que Chinchilla caiga en la trampa, porque sabe que aquí, la institucionalidad es más fuerte que en Guatemala. Y que, además, las masas políticas nuestras, están más consolidadas y que poco pueden lograr, porque chocarán con el sentimiento de dignidad que, poco a poco se ha ido imponiendo entre los hondureños. Aunque los nuevos jueces de lucha en contra de la corrupción, crean esperanza, hay que tener cuidado que su desempeño no tenga finalidad política, por medio de la búsqueda de chivos expiatorios. O por la forja de nuevas impunidades, como la que se insinúa en la Ley de Política Limpia, en que basta con ser deliberadamente corrupto y confeso, para sacar dinero, “testificar” y lograr la impunidad, respaldada por los jueces y los fiscales.

El fin no justifica los medios. Hay que prestarle la atención a la MACCIH, porque se le acorta el tiempo de darle el informe a la OEA. Así como al hecho que, su vocero quiera agregar méritos a su carrera. Y pretenda llevar la cabeza ensangrentada de un expresidente, como prueba de eficiencia. Pero como en Guatemala, tenemos un Congreso que pese a sus debilidades, preserva la dignidad nacional. Y una Corte Suprema de Justicia, con la que, la MACCIH, no puede hacernos trampas.