La Constitución inconstitucional de Honduras

11 SEP, 2017 - 12:30 AM

Por Eduardo Enrique Reina García

“El poder de la Constitución radica enteramente en la determinación de cada ciudadano en defenderla. Solo si cada ciudadano siente que está ligado a una obligación de hacer su parte en esta defensa, los derechos constitucionales estarán asegurados”. Albert Einstein

La necesidad del partido de gobierno de legalizar lo ilegal con un cinismo a ultranza, proviene al tratar de mantener una imagen de normalidad jurídica ante una aberración de procedimiento constitucional.

Es interesante estudiar, un caso extraño o sui-generis como el de la Constitución hondureña, que se mantiene de facto y realmente se aplica a antojo del poder. Ya no podemos hablar de una “Carta Magna”, es un “carta diminutus”. Hay quienes persisten en defender una Constitución que después de tantas violaciones y parches legales sin lógica jurídica, ha dejado de ser un derecho objetivo real. Los dogmáticos siguen creyendo que se aplica algo, que ya no existe más que en papel, se quedaron en la Constituyente de los 8o’s en un modelo que ya no funciona, ni refleja la realidad política.

Honduras ha tenido 17 constituciones, desde la Cádiz que inspiró la federal de Centroamérica en 1824. Esto entre los vaivenes de gobiernos, asonadas, golpes de estado y cortos periodos democráticos siendo probablemente el más largo posiblemente fue de 1980 a 2009 que se vio cortado por un golpe de estado. El respeto a la Constitución en Honduras no ha sido para decirlo francamente, una virtud de muchos políticos y militares.

Para hablar de la actual Constitución de 1980, tiene tristes antecedentes de violaciones históricas, flagrantes transgresiones jurídicas, independientemente de las realidades políticas del momento las acciones fueron de hecho sin la reparación jurídica o reforma previa y son inexcusables. Con esa mira de mantener una Constitución Pétrea de pura fachada, hubiera sido mejor ir a procesos de consulta popular o de reformas a una realidad cambiante.

Recordemos esos desastres constitucionales: En 1988, la extradición ilegal de Ramón Mata; en 2001, la inscripción de Ricardo Maduro, por esta única vez; en 2005 la candidatura a diputado a Juan Orlando Hernández, inhabilitado por su parentesco con una magistrada de la Corte Suprema de Justicia; en 2005, el presidente del Congreso Nacional interpreta la Constitución a su favor ante la prohibición de candidatear del presidente del Congreso Nacional, Porfirio Lobo; en mayo del 2005 Constitución y ley del Ministerio Público son violentadas al nombrar al Fiscal General y Fiscal General adjunto a quienes se desempeñaban como diputados del Congreso; en 2007, el presidente del Congreso Nacional Roberto Micheletti, aprovechándose de su influencia en la Corte Suprema de Justicia, logra una resolución judicial a favor de su inscripción como candidato a la presidencia a pesar de que la Constitución lo prohibía.

Seguimos en 2008, la inscripción del entonces el vicepresidente Elvin Santos para muchos fue inconstitucional, apoyándose nuevamente en la frase por esta única vez, ese mismo año se viola nuevamente al nombrar al TSE como magistrados a dos diputados al Congreso Nacional cuando había restricciones a la renuncia para ir a otro cargo público; el 28 de junio de 2009 se da un golpe de estado que no tenía sustento legal y basado en una renuncia falsificada con la tal “sustitución constitucional”; en 2013 la remoción ilegal de Magistrados de la Sala Constitucional; finalmente una de las últimas violaciones la que ocurre el jueves 23 de abril de 2015, la reforma constitucional ilegal e ilegítima de permitir la postulación a la reelección vía sentencia de la Sala Constitucional.

Se podría hablar del principio de necesidad, el problema es que solo se ha obedecido a la necesidad de ciertos grupos. Es una doble moral, una falsa verdad constitucional, se defiende una farsa. En las violaciones enunciadas apenas hablamos de temas de división de poderes, gobiernos y funcionarios de facto. Y qué decir de las violaciones reiteradas de sus garantías y principios como los desaparecidos en los años 80’s, violaciones evidentes a derechos fundamentales. No se trata pues de un esquema de viveza ratonil de decir como dijo recientemente un funcionario del TSE, “Si no quieren que voten los muertos pongan vivos en las mesas”. Se trata de aspirar aunque de forma ingenua a un país de leyes, a un verdadero estado de derecho, que por desgracia se ha venido dilapidando constantemente y erosionando por componendas de poder, la ley debe ser violada impunemente por nadie. Eso es un país de leyes, no se justifica por el tercermundismo mental de políticos aprovechados.

En el caso del golpe del 28 de junio de 2009, realmente el rompimiento constitucional que provoca un hito de violación jurídica, nunca fue reparado con una Asamblea Nacional Constituyente. El golpe fue torpe y torpe el respeto a las formas. Hasta en eso eran más cuidadosos antes. La constitución de 1957 fue rota con el golpe de estado de 1963 y en su búsqueda de esa legitimidad, el gobierno de facto de Oswaldo López Arellano, por presiones fuertes de los EE UU, como lo reflejan documentos desclasificados. Oswaldo encontró una legitimidad supuesta con el llamado a una constituyente.

La forma de retomar el camino de una Constitución legítima, que de verdad exprese el sentir de todos los sectores de la sociedad hondureña sin exclusión alguna, es ir a una Constituyente, sino seguiremos viviendo con una Constitución inconstitucional, una aberración jurídica de facto.

Ahora está en agenda, una reforma constitucional ilegal, saben que cometieron el error de no referirse a la alternabilidad. El país está en un pantano de inmundicia inconstitucional. La Constitución se sustenta principalmente en su legitimidad, la que surge del respeto que le otorga el pueblo soberano. La terquedad a retomar un nuevo pacto que incluya a todos los hondureños solo fomenta autoritarismo, el camino a la dictadura, lejos de la democracia y a una crisis sin válvulas de escape. Ahora queda claro quien se quiere quedar en el poder, quienes son los anárquicos y fomentan las crisis para su beneficio.