Corrupción menuda

16 SEP, 2017 - 12:19 AM

Por: Rodolfo Dumas Castillo

Recientemente, a través de una de sus cuentas en redes sociales, el doctor Juan Jiménez Mayor, vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, declaró lo siguiente: “En los trámites engorrosos se esconde la corrupción menuda que afecta a miles de hondureños. Pronto una iniciativa para frenar corrupción”. El aviso del vocero de la MACCIH, aunque limitado por los 140 caracteres de Twitter, se debe recibir con entusiasmo por su posible trascendencia.

No existe ninguna duda que el aparato burocrático hondureño parece diseñado para complicar, retrasar o enredar cuanta petición o gestión llegue a su conocimiento. Ese sistema dolosamente ineficiente genera corrupción, tal como lo señala el doctor Jiménez Mayor, pero no tiene nada de “menudo”, sobre todo conociendo la escasa capacidad económica de la gran mayoría del pueblo hondureño.

Las leyes aprobadas en el pasado para mejorar esta situación han sido descaradamente irrespetadas y tergiversadas por la administración pública. Un claro ejemplo de esto es la “afirmativa ficta”, mecanismo que suponía que las peticiones que presentaran los interesados, de no resolverse en el plazo previsto en la ley, se considerarían aprobadas u otorgadas. Ya en la práctica todas las oficinas del gobierno, municipalidades y demás autoridades buscaron la forma de declinar su aplicación y frustrar las buenas intenciones de ese mandato.

Ahora, conforme las últimas reformas en el ámbito contencioso-administrativo, resulta ser que para interponer una acción contra el Estado se requiere depositar una fianza o garantía, lo cual vuelve irrisoria la garantía de acceso a la justicia cuando se trata de exigir responsabilidades de cualquier entidad pública, incentivando aún más la irresponsabilidad de funcionarios que poco les importa si su actuar está o no enmarcado en la ley.

Conocemos antecedentes en otros países, por ejemplo, en Colombia, donde se ha aprobado la “Ley Antitrámites”, que busca garantizar los derechos del usuario o empresario en sus relaciones con la administración pública, mejorando la calidad de vida del ciudadano al asegurar “menos filas, mayor agilidad, menos costos, mayor efectividad y menos trámites” y buscando tener un estado “eficiente, eficaz y transparente”. La misma también exige que las actuaciones de la administración pública “se basen en la eficiencia, la equidad, la eficacia y la economía, con el fin de proteger el patrimonio público, la transparencia y moralidad en todas las operaciones relacionadas con el manejo y utilización de los bienes y recursos públicos, y la eficiencia y eficacia de la administración en el cumplimiento de los fines del Estado”.

Asumimos que la iniciativa que anuncia el vocero de la MACCIH se inspira en instrumentos como el anteriormente señalado, pues la corrupción que se oculta dentro de la compleja tramitología burocrática catracha no solo afecta al hondureño, sino que representa una de las principales barreras para la generación de inversiones en el país, ya sean esta nacionales o extranjeras, lo cual irremediablemente complica todo esfuerzo de crecimiento económico y de progreso social.

Sin perjuicio de ese panorama sombrío, existen algunos indicios positivos. Uno es que, ahora, la Procuraduría General de la República interpone acciones de repetición contra funcionarios que, producto de su negligencia, han causado perjuicios al Estado al irrespetar el debido proceso u omitir el cumplimiento de sus obligaciones. Estas acciones de repetición son indispensables pues contribuyen a establecer una cultura de responsabilidad entre los funcionarios públicos. Después de todo, si algo le duele a los burro-cratas, es que les toquen el bolsillo.

Es por todo lo expuesto que esperamos con ansias conocer el proyecto que estará presentando la MACCIH, a través de los canales correspondientes, el cual deberá contar con el apoyo general de la sociedad hondureña y con un elevadísimo grado de compromiso de nuestros funcionarios públicos para que no quede como otro adorno dentro de nuestra inmensa pero ineficiente colección legislativa. Una ley que simplifique las gestiones y que garantice claridad en las reglas del juego traerá a Honduras más beneficios que cualquier eslogan publicitario o campaña mediática. Los inversionistas del mundo saben reconocer dónde les facilitan los negocios y dónde se imponen las trabas que provocan corrupción.