Más de lo mismo

Más de lo mismo

Editorial de La Prensa

“Existen indicios de responsabilidad penal, opinión que de ser compartida con esa Fiscalía provocará que esa dependencia entable la acción penal correspondiente ante los tribunales de justicia correspondientes”. Esta es la tajante conclusión y la excitativa del Tribunal Superior de Cuenta al Ministerio Público para hacer justicia tras los hallazgos de la investigación realizada en el Programa de Asignación Familiar (Praf) sobre la compra irregular de zapatos para escolares.

Los señalamientos, claramente identificados, van desde abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios hasta falsificación de documentos, hechos que deberán ser respaldados con investigaciones de fiscales para deducir responsabilidades no solo por el imperio de la ley, sino para dar satisfacción a la sociedad hondureña sumamente sensible por los escándalos de corrupción e impunidad.

Las reacciones no se han hecho esperar y ya se conocen inveteradas respuestas que vuelven a recordar el “tin, marín, de dos...”. Con el vigente y universal principio de inocencia, aunque se tengan los pelos en la mano, un nuevo desafío cae en manos de la Fiscalía donde no debe haber tregua, sino prioridad, para estos casos, de manera que no haya dilación en las etapas del proceso judicial y en la intervención de todos los operadores de justicia. El caso, señala el informe, “se efectuó omitiendo lo que establecen las disposiciones generales del presupuesto de ese año y demás normativa legal aplicable, ya que se realizó la compra mediante el proceso de tres cotizaciones, cuando para dichas adquisiciones ameritaba un proceso de compra mediante licitación pública”. La fragmentación es uno de los escondites tradicionales para las apetecidas compras u obras con recursos del Estado. La documentación para el sostenimiento de las acciones, entrega y recibimiento del calzado, viáticos y gastos de viaje no aparece. Sí se notifica en el informe del manejo de los cheques para el pago de las supuestas compras, no directamente con el proveedor, sino por intermedio de una funcionaria no empleada del Praf. Un daño más a la credibilidad en la administración pública en la que la mayoría del personal es honrada, pero no faltan quienes de lo que no cuesta hacen fiesta y en su paso por oficinas del Estado el enriquecimiento ilícito es objetivo y tarea desde que llegan. De la noche a la mañana deslumbran y las sospechas, fundadas por un comportamiento sin recato ni austeridad, conducen a hechos de corrupción con documentación firme. Si al arca abierta juntamos la impunidad que se ha venido dando en estos casos por triquiñuelas legales, influencias políticas y poder económico, tendremos los elementos suficientes para conocer el resultado exacto de la ecuación corrupción impune. Creemos en el principio de inocencia, pero exigimos la aplicación de la justicia que se logrará con el inteligente, profesional, ágil y transparente trabajo de los operadores de justicia que han recibido, de fuente oficial y autorizada, información exacta y detallada del caso. ¡Corruptos, no!