Bachiller...

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Editorial La Prensa

La historia no tiene desperdicios en estos días de ira e indignación en los que la sociedad hondureña, sumamente sensibilizada por la impunidad y corrupción, no deja de recibir puyazos para profundizar más el dolor. Y no es que el pasado fuera perfecto, porque de haberlos, los hay, pero el castigo, la pena, la represión desaparecen con el “yo no fui”, el “tin marin…” o la cara de inocencia que, como excusa o explicación, presentan los responsables.

Un perito y bachiller en computación y una bachiller en ciencias y letras fueron contratados como médicos por la Secretaría de Salud, encabeza la nota informativa de La Prensa que tiene su origen en el Tribunal Superior de Cuentas, cuyos miembros encontraron responsabilidad penal y enviaron el documento al Ministerio Público.

El hecho es del pasado 2010-2014, pero la reacción ha de ser del presente, tan inmediata, amplia y contundente que no deje lugar a dudas, que no se traduzca en paliativo ni se limite a señalar la devolución de lo recibido en concepto de salario y viáticos que, según cálculos, asciende a 2.8 millones de lempiras.

Bastó consultar en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y en el Colegio Médico para conocer que no hay respaldo académico ni legal alguno sobre sus conocimientos y destrezas en la profesión médica que seguramente no poseían, por lo que además de las irregularidades administrativas y el ejercicio ilegal de la profesión habrá de recaer sobre ellos requerimientos por atentados a la salud e integridad física de las personas.

¿Bastará calificar la acción de los nombramientos en el Ministerio de Salud como negligencia, apresuramiento o ligereza? Creemos que no, puesto que si ya adolece y está infiltrada desde antaño, la administración pública de personas cuya única credencial es el activismo partidista, la parentela o amistad de un funcionario, en salud hay que cortar por lo sano y extraer, caiga quien caiga, de raíz toda acción contra la salud de los hondureños. Hasta con falsos profesionales se ha vulnerado el sistema público. Llorar sobre leche derramada no conduce a nada, pero deducir responsabilidades, sin compadrazgos ni medias tintas, en quienes participaron en los hechos es una exigencia que no se limita, como ha ocurrido con el entierro y quema de medicamentos, al regaño, a mover la cabeza indicando que no está bien y arreglar las cuentas, sino a la exposición pública de un proceso transparente, también justo, que sirva de lección para disuadir a mañosos y delincuentes “legales” de la burocracia. No es venganza ni represalia, sino simplemente evidenciar con acciones eficaces que la lucha contra la impunidad va, pues de lo contrario la corrupción seguirá apareciendo a las jóvenes generaciones como el camino para el triunfo y el reconocimiento en la sociedad, pues los valores del ser han sido suplantados por los de tener y así alardean, “tanto tienes, tanto vales”.