Papel mojado
Papel mojado
Editorial de Tiempo
En relación con el compromiso de los candidatos presidenciales para las elecciones generales de 2013 respecto a futuras reformas electorales, podría asumirse que el documento firmado, por iniciativa del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), resultó ser papel mojado.
No sería la primera vez que así fuera, pues sucedió con los documentos similares suscritos en procesos anteriores, cuyo impacto en la opinión pública nunca pasó del rango de promesas electorales superficiales, para consumo mediático y sobremesa para ingenuos.
Al parecer el PNUD no renuncia al interés de darle seguimiento a la palabra de los ahora excandidatos presidenciales, algunos de ellos totalmente fuera de la escena electoral futura, y, por lo mismo, ahora desentendidos de lo que el tornado electoral se llevó.
El contenido de ese documento, firmado el 21 de agosto de 2013 en ceremonia solemne y con ciertos momentos de crispación, es, después de todo, tarea política pendiente, pero sin el respaldo de la palabra empeñada, porque, a decir verdad, no alcanzó el rango de política institucional, de partido, por más que así quieran asumirlo.
Sin embargo, sería conveniente que en el marco de la realidad actual los partidos políticos que sobrevivieron a la debacle de 2013 —algunos de ellos a duras penas y otros gracias a la trampa— retomaran la buena intención de la iniciativa del PNUD en materia de cooperación al desarrollo democrático electoral.
El tiempo apremia para abordar el problema de la reforma electoral, pero no es fácil darle salida. Para quienes desean, en serio, el perfeccionamiento de nuestra legislación electoral y darle transparencia, confiabilidad y eficiencia democrática al sistema político, no se quedan en la cortedad de la reforma sino que apuestan a la emisión de una nueva Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas.
Algunos legisladores liberales —no importa si del Partido Liberal, de LIBRE o del PAC— dicen estar interesados en el tema de la transparencia y modernización política-electoral, aunque cada quien desde una perspectiva inmediatista. Por ejemplo, en cuanto al financiamiento de los partidos, a la integración justa y racional del Tribunal Supremo Electoral (TSE), a la actualización y despolitización del Registro Nacional de las Personas (RNP), y, finalmente, en lo que importa a integridad del sufragio, a la pulcritud del cómputo electoral, a la reestructuración de las mesas electorales, y a la configuración de los delitos políticos en materia de coerción civil y penal.
Pero la agenda del congreso nacional no la elaboran de acuerdo con el peso político diferenciado de la asamblea, sino por orden superior, y, siendo así, los asuntos y prioridades de la actividad legislativa tienden a ser, en el régimen actual, de esencialidad palaciega.
Es muy improbable, entonces, que la reforma electoral —o la creación de una nueva ley electoral —ocupe en la agenda del Legislativo el lugar que le corresponde – y como corresponde--, excepto si es para garantizar el continuismo del régimen por la vía de la reforma constitucional, merced a la reelección presidencial o jugando al plebiscito.
Al parecer el PNUD no renuncia al interés de darle seguimiento a la palabra de los ahora excandidatos presidenciales, algunos de ellos totalmente fuera de la escena electoral futura, y, por lo mismo, ahora desentendidos de lo que el tornado electoral se llevó.
El contenido de ese documento, firmado el 21 de agosto de 2013 en ceremonia solemne y con ciertos momentos de crispación, es, después de todo, tarea política pendiente, pero sin el respaldo de la palabra empeñada, porque, a decir verdad, no alcanzó el rango de política institucional, de partido, por más que así quieran asumirlo.
Sin embargo, sería conveniente que en el marco de la realidad actual los partidos políticos que sobrevivieron a la debacle de 2013 —algunos de ellos a duras penas y otros gracias a la trampa— retomaran la buena intención de la iniciativa del PNUD en materia de cooperación al desarrollo democrático electoral.
El tiempo apremia para abordar el problema de la reforma electoral, pero no es fácil darle salida. Para quienes desean, en serio, el perfeccionamiento de nuestra legislación electoral y darle transparencia, confiabilidad y eficiencia democrática al sistema político, no se quedan en la cortedad de la reforma sino que apuestan a la emisión de una nueva Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas.
Algunos legisladores liberales —no importa si del Partido Liberal, de LIBRE o del PAC— dicen estar interesados en el tema de la transparencia y modernización política-electoral, aunque cada quien desde una perspectiva inmediatista. Por ejemplo, en cuanto al financiamiento de los partidos, a la integración justa y racional del Tribunal Supremo Electoral (TSE), a la actualización y despolitización del Registro Nacional de las Personas (RNP), y, finalmente, en lo que importa a integridad del sufragio, a la pulcritud del cómputo electoral, a la reestructuración de las mesas electorales, y a la configuración de los delitos políticos en materia de coerción civil y penal.
Pero la agenda del congreso nacional no la elaboran de acuerdo con el peso político diferenciado de la asamblea, sino por orden superior, y, siendo así, los asuntos y prioridades de la actividad legislativa tienden a ser, en el régimen actual, de esencialidad palaciega.
Es muy improbable, entonces, que la reforma electoral —o la creación de una nueva ley electoral —ocupe en la agenda del Legislativo el lugar que le corresponde – y como corresponde--, excepto si es para garantizar el continuismo del régimen por la vía de la reforma constitucional, merced a la reelección presidencial o jugando al plebiscito.
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