Mal mensaje

10:34PM Por:  Redacción  Diario El Heraldo

En medio de un insoportable clima de inseguridad que se cobra vidas a diario por doquier, que obliga a compatriotas emprendedores a entregar parte de sus ingresos a delincuentes por estar convencidos de que aquellos cumplirán con sus amenazas más que las autoridades sus promesas, y que empeora las condiciones de vida de la población en general, resultan perturbadores los indicios de que ni siquiera en contra de los antisociales infiltrados en los organismos de seguridad se actúa con la contundencia y la celeridad requeridas.

Eso es lo que está ocurriendo con la Tropa de Inteligencia y Grupo de Respuesta Especial de Seguridad (Tigres), un cuerpo élite que surgió a la vida activa en la inauguración misma del actual gobierno, el año pasado; pero que fue concebido y aprobado cuando el hoy presidente de la República era titular del Congreso Nacional, después de que públicamente se reconoció que la Policía Nacional estaba infestada de delincuentes.

Una investigación de EL HERALDO, divulgada en diciembre del año pasado, puso al descubierto que TIGRES, con todas las pruebas a que fueron sometidos sus aspirantes, con toda la ayuda recibida por parte de Estados Unidos, también estaba infiltrada por delincuentes y para demostrar lo anterior se publicaron abundantes detalles de cómo 22 elementos, incluyendo dos oficiales, se robaron 1.3 millones de dólares del dinero de los extraditados hermanos Valle.

Ahora, después de muchos meses de dilatar el asunto, al fin el Ministerio Público presenta requerimiento fiscal contra nueve de los sospechosos, pero “únicamente se acusó por un delito, violación a los deberes de los funcionarios. Y este es un delito que se puede decir de baja pena”, como reconoce el propio titular del Poder Judicial, Jorge Rivera Avilés.

Pero todavía hay más. En su momento el titular de la DIECP, Eduardo Villanueva, dijo que los sospechosos “están concentrados y suspendidos de su actividad operativa con el propósito de arrojar resultados eficaces”, pero resulta que, tal y como ocurrió con los policías implicados en el asesinato del hijo de la rectora de la UNAH, ahora se dice que desde hace tiempo estarían fuera del país.

Tomando en cuenta que más miembros de las diversas fuerzas policiales, incluyendo a la Policía Militar, siguen apareciendo vinculados a hechos criminales, la lenta y tibia actuación del Ministerio Público, en el caso de los Tigres, no está enviando el contundente mensaje contra la impunidad que todos urgimos escuchar.