REFORMAS ELECTORALES

3 diciembre, 2014 Sección Editorial La Tribuna

NO siempre las reformas a la Ley Electoral han sido beneficiosas. Contrario a las iniciales, que fueron el producto de acuerdos entre los partidos, con la mediación del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, lo elaborado, de veras sirvió para abrir los espacios democráticos y enmendar muchas deficiencias. Lo que durante algún tiempo fue decisión privativa de hondureños –armonizando las normales diferencias entre grupos políticos– de repente se convirtió en merienda en la que manudos, de otros lados, dispusieron meter su cuchara, dizque en aras de la democratización. Hubo un paquete de reformas políticas y constitucionales –auspiciado por una de esas agencias internacionales– que lejos de producir los buenos resultados augurados, contaminaron la situación. Posteriormente varios de estos entuertos fueron declarados inconstitucionales.

Pero como aquí hay talentos y sus ONG que corren a someter la soberanía nacional al capricho de cualquier intruso –con tal que los conviden a la parranda– los reformadores han estado a punto de embrocar al país en el despeñadero. La falta de autoestima o seguridad en lo que hacemos –si no cuenta con el obligado concurso de luminarias extranjeras– ha propiciado la creencia generalizada que tenemos leyes viejas que urgen de reformas. Lo que se hizo apenas unos años atrás lo descompone el que viene. Y así sucesivamente, porque cada cual quiere dejar huella de lo suyo. Como las campanas, doblando y repicando, al vaivén del poder de turno. La reforma, por el prurito de reformar, se presenta como si se fuera un acto de conveniencia ineludible, aunque solo un reducido grupito sepa de qué se trata y el pueblo, en su inmensa mayoría, desconozca el contenido. Se agarran de clichés que suenan melodiosos. “Vamos a despolitizar tal o cual cosa”. Como si hubiera forma de evitar que la clase política intervenga en las decisiones. Aparte que si el sistema de gobierno es representativo difícil escapar que las cosas pasen por alguno de los tres poderes constituidos, integrados, dicho sea de paso, por políticos. O nombrados por políticos. Con el fin de “despolitizar” el TSE –antes integrado por miembros nombrados por el Ejecutivo– se hicieron reformas para eliminar los representantes de los partidos políticos sustituyendo la escogencia por una elección del Congreso Nacional. Ajá, ¿y cómo creen que se elige en el Congreso Nacional? ¿Que caen nombres del cielo sin que aquello obedezca a una negociación política?

Ahora la “despolitización” consiste en volver a lo de antes. Como cada partido aspira a su tuquito, en vez de magistrados de elección, pretenden que sean representantes de los partidos. Así se unen unos con otros y le echan la vaca al que ansían derrotar. ¿Y con representantes de los partidos, cada cual poniendo el suyo, van a despolitizar el TSE? En una de las reformas anteriores inventaron la forma de purificar la escogencia: Seleccionar de listas propuestas por organizaciones sociales. El invento hoy sirve para colocar funcionarios en otros cargos de elección del Congreso. Así que los empresarios incluyen sus candidatos en las nóminas, la Universidad mete los suyos, los sindicatos ponen sus afines, algunos gremios y grupos profesionales presentan su planilla, y ahora hasta las iglesias tienen vela en los asuntos públicos del Estado. (La cosa consiste, entonces, en que se quiten ustedes para meternos nosotros). Y después de tanto trastocar leyes. ¿Habrán reflexionado por qué, a pesar de toda la legislación que cambiaron para regular la escogencia de magistrados, de fiscales, comisionados, etc., –en aras de la despolitización– no pudo evitarse la cosa aquella que perturbó toda la estabilidad política que hasta entonces se había disfrutado. Las instituciones son tan débiles o tan fuertes como el peso y la integridad de las personas que las dirigen más el respaldo político que tengan. Si ya hay un Tribunal Supremo Electoral –dejaron a los serios con la experiencia de haber sorteado tropiezos de varios procesos electorales– ¿no les parece que de allí debía partir la iniciativa de cualquier reforma a la ley? Improbable que haya reforma a menos que cuente con la complacencia del poder que manda. Pero nada les cuesta trabajar conjuntamente con el ente legalmente especializado, para que esta vez, lo que reformen –si hubiere necesidad– no sea a última hora bajo la percepción que obedece a un interés político sectario.