La demanda
Las demandas
Recientemente saltaba la alarma, una decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia allanaba el camino a una empresa para el cobro de L.126 millones por incumplimiento de pago e intereses del Estado. Otra demanda, esta por L430 millones, acaba de cruzar el primer umbral y va en camino de confirmar por enésima vez el dicho popular: Ganar un demanda al Estado es más fácil que pegarle a un bolo.
Lo que trasciende son los golpes fuertes, no así el goteo, casi continuo, con el que se reparan errores o desidia de funcionarios que, insólitamente, quedan al margen de todo, pese a suscribir o ampliar contratos leoninos contra los recursos públicos.
Habitualmente el Gobierno hace énfasis cuando le aprietan, cuando las resoluciones adversas trascienden, no así cuando se hacen estudios, se negocia y se firman contratos en los cuales las condiciones favorecen, generalmente a los contratistas que además han de llevar a los tribunales el incumplimiento de lo acordado y firmado.
El asunto es complejo porque es toda una historia nefasta escrita por funcionarios “ciegos” e interesados, empresarios voraces y defensores de los recursos del Estado “tortugas”, ¿razones? Estos dos recientes casos han generado criterios reveladores, en sumo, del saqueo de recursos del Estado y de lo que no se exige responsabilidades.
“Eso no puede ser. Quiero pedirle al general Julián Pacheco proceder de inmediato a investigar todos esos juicios; que el procurador general de la República esté preocupado que pueden agarrar una línea que no es de la justicia”, reaccionó el presidente Juan Orlando Hernández quien calificó de línea, lo que en el ambiente coloquial es calificado de “amaño”.
La misión para evitar estas situaciones es el análisis desde el primer momento, no sólo el escándalo o el susto con la consecuencia final, de manera que quede en evidencia donde la debilidad se transformó en fallo con perjuicio para la mayoría, no así para quienes se han integrado a la “línea” a lo que hace alusión el mandatario.
Son más que L.500 millones que se sustraen de la educación, de salud de vivienda, etc. o que obligan a incrementar la deuda pública con daños para las generaciones venideras. “Eso no puede ser”.
Otra prueba para la transparencia: Condiciones del contrato, ampliación del mismo y constatación de incumplimiento por una de las partes o ambas. ¿Resolución de la apelación? Es otra historia que no se escribirá.
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