Interes oculto
Interés oculto
Editorial diario Tiempo
El gobierno ha retomado la ofensiva para obligar a la asamblea legislativa a que apruebe definitivamente su proyecto de dar rango diferenciado de constitucionalidad a la Policía Militar del Orden Público (PMOP), entidad fortuita de carácter temporal.
La intimidación a los partidos políticos de oposición –y a sus representantes en el congreso nacional—para que abandonen su postura y acuerpen el propósito pretoriano, hecha en cadena de radio y televisión, ha causado asombro, para decir lo menos, en el conglomerado nacional. Nunca antes había sucedido algo así.
En el contexto republicano es normal que el Ejecutivo apele a la nación y a la consideración de los otros poderes en el Estado para obtener apoyo a sus iniciativas, pues tal interacción es esencial en la praxis democrática. Es inaceptable, sin embargo, la intimidación y la amenaza para imponer la voluntad y el propósito individual.
De acuerdo con la Constitución y las leyes de Honduras, la división de Poderes en el Estado es fundamental para el funcionamiento del binomio Estado-Sociedad, de acuerdo con el archiconocido principio del balance de pesos y contrapesos plasmado en el Espíritu de las Leyes (Montesquieu).
En Honduras, a decir verdad, no hemos tenido un cabal comportamiento político con éste y otros principios republicanos, pero su arquitectura constitucional y legal ha permanecido fiel a la República, y, hasta hace relativamente poco tiempo, en la esfera política se ha mantenido un respeto inmanente, desde el poder, a estos fundamentos.
El mayor problema de la política en Honduras es el continuado debilitamiento de su institucionalidad, que, desde finales de 2013 a la fecha, ha tornado a ser galopante, dada la cuasi desaparición del equilibrio interestatal. Las consecuencias de ese desbalance amenaza, en último análisis, la gobernabilidad, y, peor que eso, la existencia del Estado-Nación, cuando menos en su régimen liberal de derecho, republicano y democrático.
Huelga hacer referencia a las argumentaciones para tratar de hacer presentable la militarización de la sociedad hondureña y la constitución de un cuerpo armado de choque para consolidar un régimen dictatorial, pues en estos asuntos tan delicados no cabe el absurdo.
La consistencia republicana, por estar cohesionada mediante principios puramente democráticos, es imposible abatirla con la invención de miedos y de olímpicas represalias. Hasta allí no llega el poder de la audacia y la eficacia del marketing político, debido a la simple razón de que el ser humano, en sí contradictorio, no puede vivir por mucho tiempo en la opresión y sin sentido de libertad.
La confusión política que actualmente padece la sociedad hondureña da lugar a lo que vulgarmente conocemos como pesca en río revuelto. Y esa situación poluta en el ámbito político y social, tóxica además, necesita urgentemente de una respuesta justa, coherente, solidaria y creativa en función del bien común y del interés público.
Necesita, precisamente, de un liderazgo político unificado en razón de país y de genuino compromiso democrático.
La intimidación a los partidos políticos de oposición –y a sus representantes en el congreso nacional—para que abandonen su postura y acuerpen el propósito pretoriano, hecha en cadena de radio y televisión, ha causado asombro, para decir lo menos, en el conglomerado nacional. Nunca antes había sucedido algo así.
En el contexto republicano es normal que el Ejecutivo apele a la nación y a la consideración de los otros poderes en el Estado para obtener apoyo a sus iniciativas, pues tal interacción es esencial en la praxis democrática. Es inaceptable, sin embargo, la intimidación y la amenaza para imponer la voluntad y el propósito individual.
De acuerdo con la Constitución y las leyes de Honduras, la división de Poderes en el Estado es fundamental para el funcionamiento del binomio Estado-Sociedad, de acuerdo con el archiconocido principio del balance de pesos y contrapesos plasmado en el Espíritu de las Leyes (Montesquieu).
En Honduras, a decir verdad, no hemos tenido un cabal comportamiento político con éste y otros principios republicanos, pero su arquitectura constitucional y legal ha permanecido fiel a la República, y, hasta hace relativamente poco tiempo, en la esfera política se ha mantenido un respeto inmanente, desde el poder, a estos fundamentos.
El mayor problema de la política en Honduras es el continuado debilitamiento de su institucionalidad, que, desde finales de 2013 a la fecha, ha tornado a ser galopante, dada la cuasi desaparición del equilibrio interestatal. Las consecuencias de ese desbalance amenaza, en último análisis, la gobernabilidad, y, peor que eso, la existencia del Estado-Nación, cuando menos en su régimen liberal de derecho, republicano y democrático.
Huelga hacer referencia a las argumentaciones para tratar de hacer presentable la militarización de la sociedad hondureña y la constitución de un cuerpo armado de choque para consolidar un régimen dictatorial, pues en estos asuntos tan delicados no cabe el absurdo.
La consistencia republicana, por estar cohesionada mediante principios puramente democráticos, es imposible abatirla con la invención de miedos y de olímpicas represalias. Hasta allí no llega el poder de la audacia y la eficacia del marketing político, debido a la simple razón de que el ser humano, en sí contradictorio, no puede vivir por mucho tiempo en la opresión y sin sentido de libertad.
La confusión política que actualmente padece la sociedad hondureña da lugar a lo que vulgarmente conocemos como pesca en río revuelto. Y esa situación poluta en el ámbito político y social, tóxica además, necesita urgentemente de una respuesta justa, coherente, solidaria y creativa en función del bien común y del interés público.
Necesita, precisamente, de un liderazgo político unificado en razón de país y de genuino compromiso democrático.
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